Las protestas en Nicaragua van en ascenso y como una forma de silenciar a la oposición, la Policía declaró como ilegales las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega.
Como respuesta a las masivas manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, la Policía de Nicaragua calificó este viernes de "ilegales" a las protestas que exigen la salida del mandatario y la liberación de los presos políticos. Además, amenazaron a los organizadores señalando que "responderán ante la justicia".
La criminalización de la protesta ya era una medida característica del régimen de Daniel Ortega, desde que se aprobara -el 20 de julio- la polémica Ley Antiterrorismo que juzga a las protestas a favor de la democracia como muestras de terrorismo.
PUEDES VER: Jóvenes nicaragüenses denuncian los crímenes de Daniel Ortega y lanzan clamoroso pedido desde Perú [VIDEO]
La Policía Nacional de Nicaragua responsabiliza a los organizadores de las movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público y también de las acciones ofensivas y delictivas. Así, acusan a los organizadores de las protestas de varios tiroteos, agresiones a viviendas y una persona muerta entre el 2 y el 23 de septiembre.
"Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades", agregó la Policía.
Sin embargo, la represión en Nicaragua es de tal magnitud, que hasta el momento se registran más de 300 muertos por armas de fuego durante las protestas contra el régimen.
El comunicado de la Policía nicaragüense contradice la posición de los manifestantes, la opositora Alianza Cívica y organismos humanitarios, que sostienen que protestar no es un delito en Nicaragua y que las marchas contra el Gobierno han sido pacíficas, solamente interrumpidas por agresiones armadas de grupos oficialistas y agentes policiales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), expresó este sábado que las declaraciones hechas por la Policía Nacional de Nicaragua sobre acusar a quienes convoquen a manifestaciones contra el gobierno son una violación al derecho de libertad de reunión pacífica.
“OACNUDH advierte que considerar responsables o exigir cuentas a organizadores y participantes en las reuniones por el comportamiento ilícito de otros viola normas básicas de la responsabilidad penal y los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica”, escribió la Oficina del Alto Comisionado a través de las redes sociales.