Contraloría: 10 gobiernos regionales no asignan presupuesto suficiente para fiscalizar su propia gestión

Los consejos regionales, órganos encargados de fiscalizar a gobernadores y funcionarios, arrancaron el 2026 con menos presupuesto del que la ley les garantiza en al menos diez regiones del país. La diferencia no es menor, pues mientras debían recibir más de S/12,4 millones para labores de control, terminaron operando con apenas S/6,6 millones, poco más de la mitad de lo exigido por la normativa vigente.

La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República, tras revisar los presupuestos institucionales de apertura de los gobiernos regionales. El organismo detectó incumplimientos en Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Según la Ley N.° 31812, cada gobierno regional debe destinar al menos el 1% de su presupuesto para bienes y servicios ordinarios al funcionamiento fiscalizador del Consejo Regional. Sin embargo, al 15 de junio de este año, los diez gobiernos regionales observados no cumplían con ese requisito. En conjunto, debieron asignar S/12 millones 406.295 para actividades de fiscalización, pero solo incorporaron S/6 millones 646.197. En promedio, cubrieron apenas el 53,6% de lo que establece la ley.

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Junín y Áncash muestran las mayores brechas en recursos para control

Entre los casos observados por la Contraloría, Junín presenta la situación más crítica. Su consejo regional recibió S/238.000, pese a que la normativa exige una asignación mínima de S/1 millón 390.385. En otras palabras, cuenta con apenas el 17% de los recursos que debería tener para supervisar la gestión regional.

En el caso de Áncash, se consignó S/300.000 frente a una obligación de S/1 millón 204.000. La situación se repite en otras regiones como Huánuco, que destinó S/448.000 de los S/1 millón 187.000 que le corresponden, mientras que Apurímac asignó S/201.000 frente a una obligación de S/859.659. En Ica se destinaron S/376.163 cuando correspondían S/695.450.

En La Libertad, la brecha también es millonaria: el gobierno regional puso S/1 millón 319.000 cuando la ley fija un mínimo de S/2 millones 558.000. Por su parte, Loreto fue la región más cercana al cumplimiento. Asignó S/1 millón 979.432 frente a los S/2 millones 005.879 exigidos. Aunque la diferencia es menor, también incumple el mínimo establecido por la norma.

Consejos regionales operan con menos capacidad para supervisar el gasto público

La reducción presupuestal impacta directamente en la capacidad de supervisión de los consejeros regionales. Estos órganos tienen entre sus funciones revisar contratos, obras públicas, ejecución de recursos y decisiones administrativas de los gobiernos regionales. Para ello, requieren equipos técnicos, asesoría y soporte logístico financiados con ese presupuesto.

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La entidad advirtió que, al no asignar los recursos mínimos establecidos por ley, existe el riesgo de limitar la capacidad fiscalizadora de los consejeros regionales. Esto cobra especial relevancia si se considera que los gobiernos regionales administran cada año miles de millones de soles destinados a proyectos de infraestructura, salud, educación, transporte y programas sociales.

Actualmente, los consejos regionales están integrados por entre siete y 25 representantes elegidos por voto popular, dependiendo de la población de cada jurisdicción. Su rol es actuar como contrapeso institucional dentro de los gobiernos regionales y supervisar el uso adecuado de los recursos públicos.

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Contraloría pide corregir presupuestos antes de que avance el año fiscal

Tras identificar los incumplimientos, la Contraloría comunicó los resultados de los servicios de control a los titulares de cada gobierno regional para que adopten medidas preventivas y correctivas que permitan subsanar las observaciones detectadas.

La cifra resume la magnitud del problema. En conjunto, las diez regiones observadas dejaron de asignar S/5 millones 760.098 respecto del mínimo establecido por ley. Se trata de recursos que debieron destinarse a fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales y que, por decisión presupuestal de cada administración, no fueron incorporados en los montos requeridos.

El informe también vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la gestión pública regional. Los órganos encargados de supervisar el uso de los recursos públicos dependen presupuestalmente de las mismas autoridades que deben fiscalizar.