
La morosidad en los alquileres se ha consolidado como una de las principales preocupaciones para los propietarios de viviendas destinadas a renta. De acuerdo con información de Inquilinos Morosos SAC, Lima registró una tasa de morosidad de 30,8% en 2025, lo que implica que casi tres de cada 10 inquilinos incumplieron con el pago.
Además de la pérdida de ingresos, los propietarios pueden enfrentar deudas acumuladas por mantenimiento, arbitrios y servicios, así como procesos prolongados para recuperar sus inmuebles.
Ante este escenario, Jorge Campos, gerente general de Proper, compartió recomendaciones para reducir el riesgo de impago y reforzar la seguridad en los contratos de arrendamiento.
Según Jorge Campos, el principal riesgo para un propietario es que el inquilino deje de pagar la renta. En conversación con La República, explicó que recuperar un inmueble por la vía judicial puede tomar entre 6 y 18 meses cuando el proceso de alquiler no se realiza de manera profesional.
Por ello, recomendó realizar una evaluación previa del candidato antes de firmar el contrato. Esta revisión debe incluir el historial financiero, la estabilidad laboral, las referencias de alquileres anteriores y la verificación de antecedentes.
También sugirió priorizar a personas con actividad económica formal, ya que tienen incentivos para mantener un buen historial financiero.
Campos señaló que uno de los errores más frecuentes es utilizar contratos genéricos obtenidos en internet para evitar costos de asesoría legal. Indicó que estos documentos pueden cubrir gran parte de los aspectos básicos de un arrendamiento, pero suelen omitir cláusulas relevantes para la protección del propietario.
Entre los aspectos que deben definirse con claridad figuran los canales y medios de pago, las condiciones frente a incumplimientos, las visitas al inmueble, los daños a la propiedad y las causales de desalojo.
Asimismo, destacó la importancia de incorporar una cláusula de allanamiento a futuro, mecanismo contemplado en la legislación peruana que permite agilizar los procesos de desalojo ante incumplimientos.
Otra de las recomendaciones es formalizar el contrato ante notaría. El gerente general de Proper indicó que lo más conveniente es contar con un documento elaborado o revisado por un especialista y certificar las firmas para otorgarle mayor respaldo legal.
Además, destacó el crecimiento de la administración profesional de alquileres entre inversionistas inmobiliarios. Estas empresas se encargan de validar la identidad de los inquilinos, revisar antecedentes financieros, elaborar contratos, realizar la cobranza digital y efectuar un seguimiento permanente de los pagos, con lo que reducen los riesgos asociados al arrendamiento.
Detalló que muchos propietarios desconocen que existen herramientas legales y mecanismos de evaluación que pueden ayudarlos a reducir riesgos desde el inicio. Precisó que la clave está en no tomar decisiones apresuradas y dedicar tiempo a validar la información del potencial inquilino antes de concretar el alquiler del inmueble.
Asimismo, sostuvo que el arrendamiento de una vivienda ya no debe gestionarse únicamente sobre la base de la confianza y que, al igual que las entidades financieras evalúan a quienes solicitan un crédito, los propietarios también deben incorporar mecanismos de validación y seguimiento que les permitan reducir riesgos y tomar decisiones más informadas.





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