Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “La primera corrección pasa por dejar de aprobar exoneraciones y beneficios tributarios que generan privilegios"

Los cinco miembros del Consejo Fiscal rompieron el silencio el martes 21 de octubre. Por primera vez en su historia ofrecieron una conferencia de prensa ante cámaras para lanzar una advertencia clara: si el país no corrige el rumbo, el Perú podría entrar en una fase terminal.

Los escenarios elaborados por el organismo autónomo, tras la aprobación de 229 leyes con alto costo fiscal y la presentación de otras 352 iniciativas en curso para los últimos meses del período 2021-2026, dibujan un panorama inquietante para la próxima década.

Ante este contexto, La República entrevistó en exclusiva al presidente del Consejo Fiscal, quien explica y traduce lo que, a simple vista, parecen solo números rojos, pero que en realidad revelan un punto de no retorno. 

—¿Cuándo empezó todo? 

El Tribunal Constitucional (TC) introdujo cambios de criterio —o una nueva interpretación del artículo 79 de la Constitución— que, en la práctica, abrió la puerta para que el Congreso de la República se sintiera libre de aprobar leyes con costo fiscal cada semana. A esto se sumaba la pasividad del Ejecutivo, que no observaba más de la mitad de ellas. La excepción pasó a convertirse en regla. 

—¿La gravedad los motivó a dar una conferencia de prensa?

No podíamos seguir recurriendo a los métodos convencionales, analizando norma por norma o advirtiendo de forma general que no existía espacio fiscal para tales medidas. Era indispensable enviar un mensaje mucho más directo que resultó en la primera conferencia conjunta de todo el colegiado. 

Ya dimos el campanazo de alerta, ahora corresponde observar la reacción de las autoridades públicas involucradas: el Congreso, el Ejecutivo y, eventualmente, el TC. 

—¿Intentaron tener un contacto directo previamente? 

Nosotros mantenemos, a nivel técnico, una comunicación regular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ocasionalmente con a nivel ministerial.

Ahora bien, tanto de manera verbal como por escrito, a través de informes, notas de discusión y comunicados, hemos expresado en múltiples ocasiones nuestra preocupación por las decisiones que se han venido adoptando.

El Congreso, responsable de la publicación de las leyes en cuestión, dejó de invitar al Consejo Fiscal antes de la aprobación de la Ley de Presupuesto o de relación con el cumplimiento de las reglas fiscales. Sería una buena práctica si se retoma. 

—¿Han recibido respuesta o señal de apertura por parte de las autoridades?

No. Entendemos, por las declaraciones públicas, que el Ejecutivo ha señalado que no comprometerá la estabilidad económica ni fiscal. 

Incluso el premier ha mencionado que se tomarán acciones —o se evaluará presentar acciones constitucionales— respecto a ciertas leyes, lo cual representa un avance positivo, considerando la magnitud de las normas con impacto fiscal aprobadas recientemente. 

—¿Han solicitado directamente una reunión? 

Sí, hemos solicitado una audiencia con el premier, la ministra de Economía, el presidente del Congreso, los titulares de las comisiones relevantes, así como con el presidente del Tribunal Constitucional y su colegiado, a fin de exponerles nuestros hallazgos, la gravedad de los riesgos fiscales y la urgencia de que cada uno adopte medidas dentro de sus respectivas competencias. 

—Ya mencionando a los involucrados, ¿hasta qué punto el MEF y el Ejecutivo comparten responsabilidad, considerando que más del 50% de esas leyes no fueron observadas ni llevadas al TC? 

La principal responsabilidad recae en el Congreso, por estar emitiendo todas estas normas; pero también hay una responsabilidad dentro del Ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Economía, que debe liderar y ser el que defienda el presupuesto dentro del Ejecutivo.

Cuando ya se están vulnerando tus competencias y se está poniendo al Perú en una senda de alto riesgo —en términos de desequilibrio presupuestal y potencial insostenibilidad fiscal—, no hablamos de una simple anomalía o de una ley que se te pasó: se te han pasado la mayoría. Y en las más grandes, algunas incluso no las han observado, lo cual complica llevarlas al Tribunal Constitucional, porque tácitamente das a entender que estás de acuerdo.

Por eso creemos que aquí hay una responsabilidad compartida. Y un tercer actor, ciertamente, es el TC, cuya interpretación ha sido usada por el Congreso para decir “yo tengo carta blanca”. 

—¿Usted diría que es un cálculo político o falta de institucionalidad técnica?

No vamos a especular. Lo que sí puedo decir es que, en ningún caso, ayuda tener una rotación tan alta de autoridades.

Cuando tienes ministros de Economía que no duran ni tres meses —cien días—, es imposible. Y eso se replica en otras carteras: lo mismo. No se puede hacer política pública razonable cuando, a los pocos meses, ya están cambiando a los responsables.

Y además —y eso sí es cuestionable—, cuando varias de las últimas autoridades del Ministerio han removido a todos los altos funcionarios para poner a su gente. Hay que respetar el servicio civil, el servicio público.

—El alarmante escenario expuesto por el Consejo Fiscal, que advierte un gasto anual superior a S/35.000 millones por las últimas 229 leyes aprobadas —sin contar las 352 iniciativas legislativas en trámite—, ¿tiene punto de retorno?

Hay medidas de distinto tipo —exoneraciones, incrementos de gasto o reasignaciones de recursos— que, en conjunto, han debilitado la base fiscal del país. En este último punto, el Gobierno Nacional ha renunciado a ingresos para transferirlos a gobiernos subnacionales, creando un forado de financiamiento cada vez mayor.

En materia de ingreso, la primera corrección pasa por dejar de aprobar exoneraciones y beneficios tributarios que perforan la base imponible y generan privilegios, distorsiones y evasión. Solo eliminando esos tratamientos especiales podrían recuperarse varios miles de millones de soles en recaudación.

Más allá, no hay una salida rápida. Crear nuevos impuestos o subir tasas no es viable: las tasas principales ya son altas y el margen es mínimo. 

El esfuerzo debe concentrarse en cerrar brechas de evasión y elusión, simplificar regímenes y usar herramientas modernas para fiscalizar mejor. Pero incluso si todo eso se aplica, el aumento de la recaudación será gradual. 

En el fondo, el problema estructural es la baja productividad: mientras las empresas y trabajadores generen poco valor, la capacidad contributiva seguirá limitada. 

Por eso, más que prometer ingresos inmediatos, el país necesita una estrategia sostenida de productividad y formalización que respalde cualquier expansión del gasto público, que es, dicho sea de paso, donde se concentra la mayoría de leyes e iniciativas y el mayor costo fiscal.

—Por la letra chica de los cuadros expuestos, tengo entendido que aún así este no es el peor escenario, ¿no? 

Hay normas que ni siquiera están incluidas en las estimaciones oficiales y podrían tener un impacto enorme. 

La protagonista es la ley de negociación colectiva, que elimina la opinión vinculante del MEF sobre remuneraciones en el sector público y permite la indexación de sueldos a la inflación. En la práctica, significa que si las partes negocian sin límites, el gasto podría dispararse en miles de millones de soles cada año. 

Solo la indexación, según cálculos preliminares del propio MEF, podría costar hasta S/12.000 millones. Se mencionó en el informe, pero no se incorporó en los montos finales por falta de una cuantificación precisa.

—¿Ni siquiera el Banco Central de Reserva podría sostener la estabilidad del país ante el actual desorden fiscal?

No. El BCR no puede sostener una economía si el frente fiscal se descarrila. Puedes tener un banco central competente, un buen manejo monetario y cambiario, pero un descontrol fiscal basta para perder la estabilidad económica, el grado de inversión y la confianza crediticia. La estabilidad monetaria/cambiaria y la estabilidad fiscal son como dos piernas de la estabilidad macroeconómica: si pierdes una, no puedes correr una carrera. Por eso se necesita una toma de conciencia colectiva.

En un país ideal bastaría con un Congreso responsable, pero en el Perú actual hacen falta las tres instancias para evitar que la economía termine, literalmente, en cuidados intensivos.

—¿Las leyes aprobadas por el Congreso podrían traducirse en un encarecimiento del costo de vida o en un deterioro económico más amplio?

Sería un proceso gradual, no inmediato. Al principio parece manejable, pero con el tiempo se convierte en algo terminal. El Perú está en riesgo de una metástasis fiscal si no corrige el rumbo y puede expresarse en pérdida de confianza, aumento del costo del crédito, mayor incapacidad de cerrar brechas, menor inversión, crecimiento y empleo, etc. por no decir arriesgar el grado de inversión.

Por eso es crucial reaccionar ahora, cuando aún hay margen. Si se siguen aprobando leyes sin sustento financiero ni revisión técnica, llegará un punto en que la única salida será un ajuste drástico, como los que viven economías que tuvieron que decir “no hay plata para nada”. 

Antes de llegar ahí, el país necesita detener nuevas medidas inviables y revisar las ya aprobadas, para evitar que el daño avance más allá de lo reversible.

—El MEF proyecta reducir el déficit fiscal a 1,8% del PBI en 2026, pero ya van tres años sin cumplir la meta. ¿Qué tan realista es pensar que esa senda se logrará?

Esa meta es prácticamente inalcanzable. Este año ya se ve difícil cumplirla, incluso con precios internacionales favorables —el oro y el cobre en niveles históricamente altos—, lo que ha sostenido los ingresos fiscales.

Aún con esa bonanza, el Perú corre el riesgo de incumplir por tercer año consecutivo las reglas fiscales (déficit y gasto).

Y lo más preocupante es lo que viene: entre 2026 y 2029 será casi imposible alcanzar las metas si no se corrigen las leyes que han elevado el gasto estructural. Pero ninguna regla razonable, ni en ese horizonte ni en uno más largo, podrá cumplirse si no corregimos ahora.