Perú Libre lidera el costo fiscal recurrente con más de S/12.000 millones
Entre las 10 leyes que significan mayores gastos y/o menores ingresos, a Perú Libre se le atribuye la mitad.
La República en GoogleA través de un ejercicio de trazabilidad legislativa—que partió de las leyes aprobadas hacia los proyectos que les dieron origen—, La República rastreó la autoría principal, los coautores y la filiación partidaria de cada iniciativa.
Como resultado, se le atribuye dichas leyes a los partidos políticos: Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú.
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Cabe precisar que la fragmentación del Congreso impide atribuir la aprobación de una ley a una sola bancada.
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En la práctica, intervienen legisladores de diversos grupos políticos; por ello, la atribución responde al partido con mayor participación en la elaboración e impulso de la norma.
Los partidos detrás de las leyes con costo fiscal recurrente
El costo fiscal recurrente de una ley es el gasto anual que tendría Perú y totaliza S/17.580 millones: incremento del FONCOMUN (Ley 32387), sanciones educativas por infracciones tributarias (Ley 32335), homologación del CAFAE en gobierno regionales (Ley 32424) y modificación en la negociación colectiva del Sector Público (Ley 32216).
Perú Libre impulsó tres de ellas (Ley 32387, Ley 32424, Ley 32216), que suman un total de S/12.300 millones anuales. Mientras que la de Fuerza Popular (Ley 32335) vale S/5.280 millones anuales.
Así operan las tres normas de gasto recurrente impulsadas por Perú Libre
La Ley 32387 incrementa progresivamente el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), el principal mecanismo con el que el Estado transfiere recursos a las municipalidades.
A partir de 2026 y hasta 2029, los gobiernos locales recibirán una porción mayor de los impuestos nacionales —principalmente del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal—, con el fin de fortalecer su capacidad de inversión en obras y servicios básicos.
Sin embargo, el aumento no es automático: solo accederán al beneficio aquellas municipalidades que tengan sus planes de desarrollo y gestión alineados a las políticas nacionales.
Mientras que la Ley 32424 establece que para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276 —es decir los trabajadores de planta en entidades públicas regionales— el incentivo único CAFAE (Incentivo Único) debe “homologarse”: esto significa que todos esos trabajadores, en cada nivel remunerativo (auxiliar, técnico, profesional, funcionario), recibirán al menos el monto más alto que actualmente se paga en su nivel en cualquier entidad regional o del gobierno nacional.
Además, esa escala será única, obligatoria y no podrá implicar reducción para quien ya percibe un mayor monto.
Finalmente, la Ley 32216 deroga el artículo 28 de la Ley 32103. Esa disposición previa había limitado la capacidad de las organizaciones sindicales del sector público —a nivel descentralizado— para negociar colectivamente condiciones de trabajo que tuvieran “incidencia económica”.
Con su derogación, se restituye el derecho de los trabajadores estatales de los niveles regionales y locales a incluir en sus procesos de negociación colectiva también aspectos de tipo económico, no solo condiciones administrativas o técnicas.
