Más de S/35.000 millones en leyes que hipotecan la calidad de vida de los peruanos

En un país donde cada sol cuenta, el Perú se está endeudando para financiar leyes que prometen alivio inmediato, pero hipotecan el futuro.

Así lo advirtió el Consejo Fiscal, que alertó que el exceso de normas con impacto presupuestal está llevando al Estado a una situación insostenible, con consecuencias directas en la calidad de vida de los ciudadanos.

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“Si sobregiras tu tarjeta, gran parte de tu sueldo se va solo a pagar intereses, y ya no te alcanza para cubrir educación, salud o vivienda. Lo mismo le pasa al país”, explicó a La República Alonso Segura, presidente del organismo autónomo. “A medida que suben los pagos de intereses, disminuye el espacio para brindar servicios públicos y oportunidades de crecimiento”.

El sobreendeudamiento que asfixia al Estado

Entre 2021 y 2026, el Congreso ha triplicado el promedio histórico de leyes con impacto fiscal adverso. Solo 101 de ellas —aprobadas por insistencia, pese a la opinión técnica desfavorable del Ejecutivo— implican un costo de S/35.795 millones, según cálculos del Consejo Fiscal.

A ello se suman 352 iniciativas en trámite, diez de las cuales generarían un gasto anual de S/25.000 millones adicionales.

El resultado, advierte el organismo, sería un déficit fiscal de hasta 6,4% del PBI en 2036, muy por encima del límite legal de 1%, y una deuda pública que podría duplicarse hasta 70% del PBI.

Solo el pago de intereses se triplicaría: si hoy representa 1,7% del PBI, en una década llegaría a 4,1%, casi el 80% de todo el gasto de capital proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual.

Menos inversión, más costo de vida

Este aumento en la carga de intereses no es un asunto técnico, sino cotidiano. Cuanto más dinero se destina al pago de deuda, menos recursos quedan para infraestructura, salud, educación y programas sociales. En palabras simples, el país trabaja cada vez más para pagar lo que ya debe, no para mejorar lo que tiene.

“Las decisiones de los últimos meses están hipotecando el futuro y debilitando nuestra joya: la estabilidad macroeconómica”, sostuvo Segura. Los efectos se verían en mayor inflación, menor inversión pública y privada, y un crecimiento más lento, lo que impactará en el empleo y los ingresos familiares.

Leyes que alimentan la crisis

Entre las normas de mayor impacto figuran incrementos de remuneraciones y pensiones sin financiamiento, así como exoneraciones tributarias que reducen la recaudación. Una de ellas eliminó la facultad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de emitir opinión sobre nuevos incrementos salariales en el Estado.

“Ya no puede decir ‘no hay plata’. Si negocian y dicen ‘el cielo es el límite’, el cielo es el límite”, graficó Segura. Además, varias leyes permiten indexar sueldos a la inflación, lo que hace que crezcan automáticamente cada año.

El Consejo Fiscal también observa riesgos en la reforma previsional, cuyo costo habría sido subestimado, y en Petroperú, que demanda cerca de US$2.000 millones anuales para cubrir pérdidas.

Responsabilidad política

Una investigación de La República identificó que Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú concentran la autoría de las diez leyes con mayor costo fiscal. En conjunto, representan un gasto transitorio de S/55.382 millones y un costo recurrente de S/17.580 millones, siendo Perú Libre el principal impulsor.

Aunque la fragmentación parlamentaria impide atribuir la aprobación a una sola bancada, el patrón es claro: las leyes con alto costo se multiplican en los años electorales, cuando la búsqueda de réditos políticos se impone sobre la sostenibilidad fiscal.

Revertir la tendencia antes del colapso

El Consejo Fiscal advierte que, si no se corrige el rumbo, el país podría entrar en una “metástasis fiscal”, un deterioro progresivo que comprometería no solo la estabilidad económica, sino también el bienestar ciudadano.

Segura insiste en que la salida no pasa solo por recortar gasto, sino por mejorar la recaudación y elevar la productividad. “Debemos dejar de aprobar exoneraciones y privilegios tributarios que perforan la base imponible. Pero el verdadero desafío es crear más valor: solo con educación, capital humano y formalización podremos generar capacidad contributiva”.

Mientras tanto, el país continúa acumulando compromisos sin financiamiento, como si el crédito fuera infinito. Pero, como recuerda el Consejo Fiscal, toda deuda tiene un costo, y esta vez se pagará en servicios públicos, oportunidades y calidad de vida.