
La Ley N.° 32445 habilita el octavo retiro extraordinario de AFP 2025, beneficiando a más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP), incluyendo activos, cesantes y próximos a jubilarse. Este retiro representa un alivio económico temporal para muchos hogares frente a la presión inflacionaria y la necesidad de liquidez.
La Asociación de AFP publicó el cronograma oficial la noche del 30 de septiembre, indicando fechas según el último dígito del DNI:
El reglamento establece que el dinero se entregará en cuatro armadas mensuales de una UIT (S/5.350) cada una:
Las AFP podrán retener hasta el 30% de cada retiro por deudas alimentarias. Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, ya había advertido para este medio que, de acuerdo con el cronograma, algunos afiliados recién verán su primer desembolso en diciembre o incluso en marzo de 2026.
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Ahora bien, el país enfrenta desafíos estructurales en fiscalidad y sostenibilidad de las pensiones, lo que podría limitar la capacidad del Estado para financiar beneficios extraordinarios como los retiros de AFP. Noelia Bernal, economista e investigadora del CIUP, advirtió a La República que la cobertura actual es muy baja:
“Hoy en día, apenas 3 de cada 10 trabajadores aportan regularmente a algún sistema de pensiones y entre los adultos mayores, 4 de cada 10 reciben algún tipo de pensión, ya sea Pensión 65 o la ONP. En realidad, somos un país donde la gran mayoría de todas las generaciones no tiene pensión”, explicó.
La vejez en Perú es precaria: 46% de los mayores de 65 años no recibe pensión, y quienes dependen de Pensión 65 no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Así, retirarse no significa dejar de trabajar, sino depender de familiares o prolongar la vida laboral. Bernal enfatizó que este panorama no debe alarmar a los jóvenes:
“No hay que decir que se van a quedar sin pensión, sino reconocer que el sistema actual no cubre a casi nadie. La gran mayoría de los adultos mayores hoy trabaja, recibe remesas o apoyo familiar, y Pensión 65 es hasta ahora la reforma más eficiente, porque atiende a la población más vulnerable de manera sostenible fiscalmente”, afirmó.
De acuerdo con el informe de RONIN 360, la situación podría agravarse para la generación Z, la primera que podría llegar a los 65 años sin pensión contributiva. Para 2070, el ratio de dependencia de la vejez pasará del 15% actual a casi 40%, con 9,5 millones de adultos mayores, de los cuales más del 80% no tendrá pensión contributiva.
Las deficiencias estructurales explican por qué el sistema ha fallado: solo 3 de cada 10 trabajadores aportan regularmente, y en promedio cotizan 6 de los 30-40 años de vida laboral, debido al tránsito constante entre formalidad e informalidad y a los retiros autorizados.
Entre el retiro del 95,5% a los 65 años y los siete retiros extraordinarios anteriores, los fondos han perdido cerca del 40% de su valor histórico y podrían desaparecer en la próxima década.
Bernal advirtió que, aunque la cobertura del sistema privado es limitada y costosa de ampliar, la expansión gradual de Pensión 65 permite atender a más personas de manera fiscalmente sostenible:
“Si hoy gastamos en Pensión 65 alrededor de S/1.500 millones, para 2070 ese gasto podría multiplicarse por tres, pero sigue siendo mucho menor que lo que costaría una reforma para pensiones mínimas privadas que no beneficiaría a la misma cantidad de personas”, señaló.
En ese sentido, la ampliación de Pensión 65 aparece como la vía más sólida: su cobertura se ha ampliado más allá de la pobreza extrema, permitiendo que adultos mayores pobres puedan acceder al beneficio; asegura afiliación al seguro de salud (SIS), contribuyendo a la atención de sus condiciones y medicinas; y su expansión gradual es fiscalmente sostenible y socialmente solidaria.
“Chile, tras su reforma del 2008, amplió su pensión básica solidaria del 40% más pobre al 60% de adultos mayores más pobres, y hoy cubre al 90% de la población. México, Costa Rica y Uruguay siguen un camino similar, priorizando a los más vulnerables y aumentando progresivamente la cobertura y los montos. Estos procesos toman décadas, pero demuestran que es posible construir un sistema de pensiones más inclusivo sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, sentenció.
En 2024, el reporte ‘Análisis y estimación del costo fiscal de la ley de reforma al sistema previsional peruano’, presentado por Macroconsult y preparado para la Asociación de AFP, estimó que el costo fiscal de la reforma oscilaría entre 0,19% y 0,33% del PBI entre 2024 y 2070. Cifras conservadoras en comparación con la proyectada por el Consejo Fiscal, que afirmó que el costo ascendería a 1,1% del PBI a largo plazo.
La OCDE proyecta que el crecimiento económico del país se moderará a 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026, mientras que el déficit fiscal cerró en 3,5% del PBI en 2024, por encima de la regla establecida. Para Francke, Perú podría cerrar 2026 con cuatro años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal, erosionando la credibilidad del marco fiscal establecido por el Gobierno.
La elevada informalidad laboral —que afecta a más del 70% de la población ocupada— limita la recaudación tributaria y la capacidad del Estado para financiar beneficios como los retiros extraordinarios, así como otros programas sociales y de cuidado.
Fernando Cuadros, economista, señaló que solo la mitad de la PEA asalariada accede a un empleo formal, por lo que estas medidas representan un alivio inmediato, pero no solucionan los problemas estructurales del mercado laboral.

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