Se desmiente que rechazo al petróleo en la Amazonía provenga de informe de DAR, pero persisten deficiencias en la política energética

A inicios de la última semana de agosto, la agencia de medios del organizador del evento Conferencia del Gas Natural 2025 afirmó para este medio que según análisis de reportes como Petróleo en la Amazonía peruana (NRGI, 2024) y Amazonía, hidrocarburos y pueblos indígenas de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), comunidades amazónicas rechazaban los proyectos de exploración energética. Sin embargo, tras corroboración del medio y pedido de rectificación realizado por DAR, se confirmó que se trató de una afirmación falsa brindada por la referida agencia de medios.

“El estudio nuestro es del año 2009, hace ya más de 15 años, y se centraba en la superposición de lotes con áreas protegidas y comunidades nativas. No hablamos de porcentajes de aceptación o rechazo comunitario. Lo que señalamos entonces era que no había procesos adecuados de consulta y que se estaban otorgando lotes en territorios sensibles", aclaró César Gamboa, asesor senior de DAR para La República.

Asimismo, agregó que al día de hoy, más de una década después, los grandes retos persisten: falta de remediación ambiental, cumplimiento insuficiente de los acuerdos de consulta previa y ausencia de compensaciones económicas justas para las comunidades cuyos territorios son utilizados por actividades de hidrocarburos.

"Es necesario analizar caso por caso y verificar si el sector ha mejorado en esos procesos. Los desafíos siguen vigentes”, afirmó.

Diferencias de percepción

José Fachín Ruiz, asesor de comunidades indígenas, señaló para La República que en áreas con actividad petrolera activa, como el circuito petrolero de Loreto, la mayoría de la población apoya la reactivación de la actividad, alcanzando niveles cercanos al 99%.

“Desde donde estamos, la población está impulsando los proyectos petroleros como fuente de desarrollo económico. No es que estén en contra; al contrario, casi todos quieren la reactivación petrolera”, afirmó.

Fachín explica que los estudios generales no capturan la percepción de las comunidades que conviven directamente con los proyectos. En ese sentido, resalta que la mayor parte de la región petrolera ha decidido poner en marcha su “plan de vida por petróleo”, que busca una transición energética responsable sin afectar la actividad que sostiene la economía local.

El asesor subraya que la transición a energías alternativas aún es incipiente y que la actividad petrolera sigue siendo la principal fuente económica y energética. Critica la falta de diversificación local y la histórica insuficiencia del Estado para promover alternativas, además de actitudes discriminatorias hacia las comunidades amazónicas.

“Durante los últimos 15 años hemos trabajado desde el movimiento indígena para defender la Amazonía, pero con este gobierno nada podemos hacer. La población se está organizando para un nuevo proceso y un eventual nuevo gobierno que pueda reiniciar nuestra agenda”, añade Fachín.

Marco regulatorio y estímulos a la inversión 

De cara a la XIV Conferencia Gas Natural Perú 2025, Arturo Vásquez, socio y director de investigación de GĚRENS, afirmó que la industria necesita señales claras para atraer a nuevos actores:

“Es fundamental generar un marco fiscal y regulatorio predecible que reduzca los riesgos de inversión, sobre todo para las compañías junior, que asumen altos riesgos financieros y técnicos en las etapas iniciales”.

Vásquez propuso medidas como créditos tributarios, esquemas de regalías competitivos, incentivos de depreciación acelerada y mayor flexibilidad contractual, además de simplificar permisos y licencias, factores que actualmente retrasan la ejecución de proyectos.

Por su parte, Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que los incentivos tributarios por sí solos no garantizan desarrollo:

“Diversos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que estas medidas no siempre se traducen en mayor desarrollo de proyectos. Es más importante mejorar el entorno para la inversión: simplificar permisos y licencias, reducir la carga burocrática y fortalecer instituciones clave como el SENACE”.

Maita explica que el SENACE, encargado de revisar instrumentos de gestión ambiental, enfrenta limitaciones de presupuesto y coordinación con otras entidades, lo que retrasa los procesos. “El tiempo promedio de aprobación de un estudio de impacto ambiental en hidrocarburos debería ser de unos 7 meses y medio, pero en 2022 alcanzó los 18 meses, más del doble del plazo legal. Para reactivar la inversión, es fundamental atacar estos cuellos de botella y acompañar permanentemente a las comunidades”, señaló.

Confianza social y ambiental 

Aunque algunas comunidades expresan oposición, la experiencia de Fachín demuestra que en los territorios petroleros activos predomina la aceptación. Revertir la percepción negativa en otras zonas exige diálogo temprano y programas de desarrollo local que evidencien beneficios tangibles desde las fases iniciales.

En el plano ambiental, la adopción de tecnologías de menor huella ecológica y procesos de licenciamiento más ágiles se presentan como requisitos indispensables.

“No se trata de relajar estándares, sino de garantizar sostenibilidad sin que el exceso de trámites desincentive la inversión”, remarcó Vásquez.

El desafío en Perú no es la falta de recursos: el país cuenta con reservas de petróleo y gas natural significativas, pero su desarrollo depende de mejorar la predictibilidad regulatoria, reducir la burocracia y fortalecer la presencia del Estado en territorios estratégicos para asegurar que los beneficios energéticos lleguen a las comunidades y al país.