
El sector construcción cerró el primer semestre del 2025 con una expansión estimada de 4,7%, gracias a un crecimiento sostenido en mayo (6,0%) y un resultado aún mejor proyectado para junio (8%), según el Informe Económico de la Construcción N° 91 elaborado por CAPECO.
El desempeño se explica principalmente por el repunte del consumo de cemento (7,7% en mayo) y la ejecución de obras públicas, que lejos de caer como preveía el gremio (-1,1%), avanzó 1,8%.
A nivel acumulado, las cifras muestran una actividad en recuperación, impulsada por una combinación poco usual en años recientes: mayor dinamismo de la inversión estatal y un renovado apetito del sector privado por grandes proyectos. La inversión pública en infraestructura aumentó más de 9% al cierre de junio, según el MEF, mientras que la inversión privada creció alrededor de 8% en el mismo periodo, de acuerdo con estimaciones del IPE.
Los créditos hipotecarios para vivienda también dieron señales claras de expansión, con un crecimiento interanual de 19,9% entre junio 2024 y mayo 2025. La inversión minera –fuente clave de encadenamientos productivos en construcción pesada– avanzó 6% en los primeros cinco meses del año. Incluso el empleo formal en el sector creció 6% en Lima Metropolitana durante el trimestre móvil abril-mayo-junio.
En contraste, las colocaciones bajo el Fondo Mivivienda cayeron 4,9% y el subempleo en construcción informal bajó 17,5% en Lima, revelando una contracción del segmento autoconstruido o informal, que históricamente representa una porción significativa del sector.
Pese al buen arranque del año, el segundo semestre se anticipa más incierto. El propio informe advierte un deterioro en las expectativas empresariales, según el último sondeo del BCRP, y el inicio del ciclo electoral introduce una lógica conservadora en decisiones de inversión. Cuanto más se acerquen los comicios presidenciales, mayor será la presión hacia la cautela.
La magnitud del impacto dependerá de cuán claras y competitivas se tornen las candidaturas al Ejecutivo y al Congreso. A ello se suma la incertidumbre internacional por la nueva política arancelaria de EE.UU., que podría afectar exportaciones clave como el cobre, aun cuando los precios de metales y agroexportaciones siguen favoreciendo los términos de intercambio.
A pesar de los riesgos, la proyección de CAPECO para el cierre del año (5%) se mantiene por encima de las estimaciones del BCRP (3,8%) y el MEF (4.1%). Esto se explica en buena parte por el avance de megaproyectos como la Línea 2 del Metro, el Anillo Vial Periférico, el tren Huancayo-Huancavelica, el puerto de San Juan de Marcona y las nuevas inversiones en fosfatos y minería (Antamina, Tantahuatay, Colquijirca, entre otros).
Además, el mercado inmobiliario residencial mantiene dinamismo por tres razones: oferta suficiente, tasas de interés estables y disponibilidad de subsidios y créditos. Este frente sigue mostrando resiliencia y crecimiento, incluso en segmentos de ingresos medios.
Desde el lado institucional, los retos persisten. Entre 2010 y 2024, el Estado dejó de ejecutar cerca de US$63.000 millones asignados a obras, según CAPECO. Solo en 2024, más de 2.400 proyectos quedaron paralizados, con una inversión comprometida de US$11.000 millones. El 72% de estos casos corresponde a municipios; el 40,5%, a gobiernos regionales.
La alta dispersión de ejecutores públicos (más de 2.000) y la limitada capacidad técnica de muchas municipalidades explican este patrón. Por eso, el gremio ha insistido en potenciar mecanismos como Obras por Impuestos (OxI), cuyo límite se ha ampliado a S/46.000 millones en 2025, y también propone una nueva modalidad: Servicios por Impuestos.
CAPECO advierte que, aunque el crecimiento en 2025 será mayor que en los años previos, no es suficiente por sí solo para reducir pobreza, cerrar brechas ni aumentar competitividad. Para lograrlo se requiere fortalecer la institucionalidad democrática, atraer inversión privada en infraestructura, y reformar el aparato estatal para garantizar ejecución eficiente y sostenida.
A esto se suma una agenda pendiente de planificación territorial. La implementación del tren urbano Lima–Chosica, por ejemplo, no puede ejecutarse como un proyecto aislado. Su éxito depende de integrar transporte, vivienda y servicios en torno a su recorrido. Lo mismo ocurre con proyectos como la Nueva Carretera Central, los trenes de cercanías o el eventual tren bioceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico.
El país tiene, por primera vez en años, una cartera de infraestructura que podría marcar un punto de inflexión: US$45.000 millones en APPs, US$13.000 millones en OxI, y otros US$64.000 millones en minería. Pero para que esa oportunidad se traduzca en desarrollo real y sostenido, se necesita algo más que cemento y fierro: visión estratégica, ejecución eficaz y reformas institucionales que no se detengan con el cambio de gobierno.

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