
La oferta educativa en el Perú abarca los servicios brindados por colegios privados, institutos y universidades, los cuales deben cumplir con estándares de calidad y normativas de protección al consumidor. Sin embargo, algunas instituciones pueden incurrir en faltas, como el direccionamiento en la compra de útiles y uniformes, la falta de transparencia en los costos educativos, el cobro de cuotas extraordinarias no autorizadas y el incumplimiento de normativas sobre acoso escolar.
Recientemente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dio a conocer las sanciones impuestas a diversas instituciones educativas privadas debido a infracciones detectadas en su gestión. A continuación se detallan las razones y el monto total que deberán pagar los colegios, entre otros.
Indecopi impuso multas a colegios privados a nivel nacional debido a diversas infracciones detectadas en su operatividad. La falta más frecuente fue la falta de idoneidad, que representó el 79 % de las sanciones y se manifestó, principalmente, en la obligación o direccionamiento en la compra de útiles escolares y uniformes en establecimientos específicos, afectando el derecho de los padres a elegir libremente dónde adquirir estos productos.
Además, el Indecopi sancionó a colegios por otras irregularidades, tales como:
Durante todo el año 2024, Indecopi llevó a cabo un proceso de supervisión y fiscalización en colegios privados a nivel nacional, lo que resultó en la imposición de 75 sanciones dirigidas a instituciones de los niveles inicial, primaria y secundaria. De este total, 30 sanciones consistieron en amonestaciones.
Por otro lado, 25 fueron multas económicas, cuyo valor conjunto ascendió a 250.9 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/1.342.315. Estas multas fueron impuestas en función de la gravedad de las infracciones cometidas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger los derechos de los estudiantes y sus familias.
El Indecopi desempeña un papel fundamental en la regulación y supervisión de la oferta educativa en el Perú, asegurando que las instituciones cumplan con las normas de protección al consumidor. Para ello, fiscaliza a colegios y universidades, verificando que brinden información clara sobre pensiones, matrículas y costos adicionales, además de garantizar el acceso al Libro de Reclamaciones. Asimismo, sanciona infracciones como cobros indebidos, direccionamiento en la compra de útiles y uniformes, y falta de transparencia en los costos educativos.
Del mismo modo, atiende y gestiona reclamos de padres de familia y estudiantes, promoviendo la resolución de conflictos y el cumplimiento de compromisos contractuales. Además, fomenta la competencia leal entre las instituciones educativas, impulsando buenas prácticas en calidad y transparencia del servicio. Por otro lado, desarrolla campañas de información y educación para prevenir abusos y orientar a los consumidores sobre sus derechos.
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