
La prescripción de deudas en Perú se presenta como un mecanismo útil para un gran número de deudores, ya que les brinda certeza sobre sus derechos y les otorga tranquilidad al establecer el momento en el cual una obligación tributaria deja de ser exigible debido a diversos factores de incumplimiento.
Este proceso fija un límite temporal que permite a los deudores evaluar su situación financiera y tomar decisiones sobre la base de ello. A continuación, te contamos los plazos de prescripción de deudas, las implicaciones que surgen una vez que este periodo ha concluido y los tipos de bienes que pueden ser susceptibles de embargo.
En el Perú, el Código Civil establece que una deuda bancaria prescribe después de diez años. Este plazo es de suma importancia, ya que una vez transcurrido, el acreedor pierde el derecho de exigir el pago mediante acciones legales. En consecuencia, el deudor no podrá ser demandado en los tribunales por esa obligación específica.
Una vez que han transcurrido los diez años sin que el acreedor inicie un proceso judicial, el deudor puede exigir la prescripción de la deuda ante un tribunal. Si esta solicitud es aceptada, la deuda se extinguirá legalmente, lo que libera al deudor de la obligación de pago. Sin embargo, a pesar de la extinción de la deuda, esta seguirá vigente en el historial crediticio del deudor, lo que puede afectar su calificación financiera durante varios años más. Es importante tener en cuenta que la prescripción de la deuda es un derecho que asiste al deudor después de un determinado período de inactividad por parte del acreedor.
La legislación actual establece que tres entidades tienen la autorización para retener una parte de los ingresos salariales de los trabajadores. En primer lugar, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) puede requerir la deducción de un porcentaje del salario en casos de deudas tributarias o multas administrativas pendientes. Esta entidad tiene la facultad de instruir a los empleadores para retener hasta un 30% del sueldo hasta que la deuda sea saldada en su totalidad. En segundo lugar, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen la capacidad de gestionar el cobro de deudas relacionadas con el sistema de pensiones.
Este proceso requiere una resolución judicial que especifique los montos a retener y otros aspectos relevantes del caso. Por último, las instituciones financieras, como los bancos, pueden realizar embargos sobre los salarios en caso de incumplimiento de obligaciones financieras, como pagos de préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, este tipo de embargo solo se aplica cuando el salario mensual del trabajador excede los S/2.575, equivalentes a 5 Unidades de Referencia Procesal (URP).

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