Régimen de Dina Boluarte busca reavivar la ley Chlimper

A finales del régimen de Alberto Fujimori, se estableció la ley de promoción agraria (ley 27360) a fin de potenciar a las agroexportadoras a partir de la reducción de sus obligaciones tributarias.

Esta normativa —popularizada como ley Chlimper, porque fue impulsada por José Chlimper, el entonces titular del Minagri— nació como una medida temporal, pero se extendió hasta 2020.

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A finales del primer año de la pandemia, los trabajadores del sector, cansados de recibir pagos minúsculos —mientras las empresas diametralmente vivieron un boom—, protestaron para exigir mejores jornales y beneficios como vacaciones y CTS, entre otros.

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Tras las manifestaciones —en las que la represión policial causó la muerte de tres compatriotas, entre ellos, un menor de edad— se logró su derogación tras la voluntad del Congreso y el Gobierno transitorio de Francisco Sagasti.

Con la nueva ley, se estableció también la participación de los obreros en 5% de las utilidades y, hacia 2027, subiría a 10%, además de obligar a las corporaciones a dejar de pagar el 15% del Impuesto a la Renta y acoplarse, en 2028, a la tasa de 29,5% que paga el resto.

Arista la tiene clara: fue un error derogarla

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, aseguró que el fin de la ley Chlimper fue un error, al punto de asegurar que “se mató a algo que funcionaba bien”.

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“Vamos a retroceder y vamos a tratar de poner nuevamente en manos del Congreso la legislación que teníamos (la ley del agro)”, dijo en Edición Especial Digital, además de reconocer que su intención es “reducir la rigidez laboral”.

Vale acotar que la nueva ley del régimen laboral agrario acabó con la tasa del 4% que pagaron por dos décadas las empresas, y estableció un alza paulatina de hasta 9% para 2025, aunque, al cierre de la legislatura de 2023, el Congreso apostó por llevarla a 6% desde este año hasta 2028.

Si bien este cambio normativo recibió el respaldo de 86 parlamentarios, Carlos Anderson (no agrupado) advirtió que se la colocó como “contrabando”, ya que da beneficios al agro dentro de un proyecto relacionado con textilería y confecciones.

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Ya antes de su aprobación, el exministro de Economía Alex Contreras dijo en la CADE que el final de la ley Chlimper fue “nefasta”.

No reconocen el hartazgo de los trabajadores

Christian Sánchez, exministro de Trabajo, cuestiona las declaraciones de Arista, ya que no reconoce la historia reciente ni el hartazgo de los trabajadores que lucharon para salir de la precariedad y percibir mejores salarios.

“Sería gravísimo. Sería revivir un conflicto. ¿Cuál es la rigidez laboral? Nos estamos acostumbrando a que altos funcionarios lancen palabras hechas sin ningún contenido. Que presente en el Consejo Nacional del Trabajo por qué el régimen es rígido y en qué consiste. Así debe haber debate. Políticamente es grave que desconozca los espacio de diálogo social”, comentó a La República.

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Sánchez recuerda que el 100% de los trabajadores de la actividad agroexportadora son temporales, y es un error alegar que hay candados. También critica que se premie a estas empresas quitándole la responsabilidad de asumir el 9% como el resto de empresas y, por el contrario, pasándole esta responsabilidad al resto de aportantes.

“¿El 6% es una rigidez? ¿De cuánto quieren que abonen al seguro social, un 0%? Es un discurso vacío”, acotó.

El silencio cómplice del fujimorismo

A mediados de diciembre de 2020, cuando el estallido social luchó por cambiar la ley Chlimper, el Congreso aprobó con 114 votos su derogación. Dos congresistas estuvieron en contra —la veterana fujimorista Martha Chávez, una de ellas— y siete se abstuvieron: Rita Ayasta, Diethell Columbus, Carlos Mesía, Marcos Pichilingue, Erwin Tito, Gilmer Trujillo y Valeria Valer, todos de la bancada de Fuerza Popular. De ahí se trabajó la reforma que promulgó Sagasti.