SNI plantea 30 años de exenciones para nuevas industrias

En el Congreso se cocina una nueva ley de industrias que, durante 20 o 30 años, otorgue incentivos tributarios a 8 sectores estratégicos para promover la descentralización y diversificación industrial en el Perú, bajo la promesa de alcanzar un PBI per cápita cercano a los US$20.000 hacia 2050.

En una reunión organizada por SNI el último lunes, más de 250 gremios mypes de diversas regiones, además de los congresistas María del Carmen Alva, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Ilich López, Elvis Vergara y el propio autor del PL 5892, José Jerí, garantizaron su abierto respaldo. El objetivo es aprobarla en la presente legislatura y tenerla en marcha desde 2024.

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Los incentivos que el PL de Somos Perú plantea son, básicamente, hacia la reinversión de utilidades y la depreciación acelerada. Esta última no representa ninguna pérdida para los ingresos fiscales, explica el gerente general de la SNI, Antonio Castillo Garay.

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Sin embargo, reconoce que esta pérdida sí se puede dar en las nuevas inversiones cuando “una parte del IR es devuelta por hacer gasto con tus utilidades”. Una situación que, en opinión del economista, solo funcionaría el primer año, pues al siguiente año la empresa “volverá a pagar su 29,5% de IR”.

“Solo funciona para nuevas inversiones y al momento que hagas la inversión. En el Perú se daba 15% para al sector agroexportador, pero no había el compromiso de invertir. Aquí sí hay ese incentivo”, señala.

Además, la ley no es retroactiva y solo funcionaría para las empresas que se funden en adelante, por lo que SNI descarta un revés para la recaudación.

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No todas son exenciones

La nueva ley también propone un fondo con garantía estatal —similar a Reactiva Perú— dirigido al desarrollo industrial, como ocurre en Colombia, Chile, Brasil o México. La nueva ley dota a los industriales con créditos que les permitan adquirir maquinaria en el mediano plazo, a fin de “mejorar su productividad”.

Adicionalmente, se implementa un organismo que centralice la promoción gubernamental. La SNI cuestiona que existan hasta 18 entidades que dan servicio a la pequeña empresa, pero disgregadas.

“No tenemos hoy una forma de que los pequeños empresarios lleguen a una organización única donde también puedan participar”, advierte Castillo.

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Otra clave pasa por bajar el precio de la electricidad. Empresas altamente intensivas en consumo, como panaderías y talleres de metal mecánica, pasarían a convertirse en usuarios libres (negocian directamente el costo de la energía con las generadoras, en lugar de pagar tarifa doméstica) si registran consumos igual o superiores a 50 kW. Hoy la valla es 200 kW.

Costos laborales intactos

La ley ha encontrado vientos favorables en el Congreso y la sociedad civil, pero no desde el sector comercio exterior. Tampoco han dado su visto bueno BCRP, IPE ni Minam.

El gerente de Estudios Económicos de Comex, Rafael Zacnich, sostiene que la nueva ley tiene una falla angular: no ataca la flexibilidad laboral (como sí hizo el régimen de promoción agraria) ni el modelo actual “que genera sobrecostos y mantiene en la informalidad a más del 87% de micro y pequeñas empresas”.

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Y aunque Zacnich ve positiva la propuesta de una Ventanilla Única de Mype e Industria, señala que es “poco probable que la ley cumpla con atraer a las mypes a la formalidad”.

“Cuando quieres plantear políticas focalizadas, tienes que definirlas con una metodología técnica validada internacionalmente; no puedes elegir a dedo a cuáles sectores darles un beneficio”, asevera.

Industrializar y generar clúster para mypes

Los 8 sectores planteados por la SNI son agroindustria y biotecnología, pesca y acuicultura, forestal, textil y confecciones, industria naval, energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad, proveedores a la minería, TIC y contenidos digitales.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también se ha plegado a la iniciativa.

Mediante la exoneración del IR, también se busca impulsar las inversiones en zonas altoandinas y amazónicas.

Las mypes aportan un 21% del PBI y suponen el trabajo para el 60% de la PEA ocupada del Perú.