Petroperú, la empresa pública más importante del país, no cuenta con una ley que le permita designar a sus directores y presidentes por concurso público meritocrático, a diferencia de sus pares de la región (Ecopetrol, Petrobras, etc.). A raíz de ello, el directorio de la petrolera presentó, durante la gestión 2022, un proyecto de ley para cambiar esta realidad.
En 2013 se cambió la ley de Petroperú y ahora se rige por la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, tiene una Junta General de Accionistas (JGA) —integrada por el Minem y el MEF— que decide cuándo se remueve a los directores a discreción.
El expresidente de Petroperú, Humberto Campodónico, explica que la propuesta se basa en dos ejes: la conformación de una comisión que convoque a concurso público para la designación del directorio y mecanismos para transparentar el cambio de funcionarios.
“El Banco Central de Reserva (BCRP) es el mejor ejemplo. Su presidente es designado por el jefe de Estado, pero debe pasar por el voto calificado del Congreso”, remite.
Tampoco se trata de blindar a los directores —hoy idóneos, según el docente—, sino de otorgarle predictibilidad y confianza a los inversionistas. El débil gobierno corporativo de Petroperú es también advertido por las calificadoras de riesgo. Precisamente, la consultora internacional Arthur D. Little presentó esta semana el plan de reestructuración ante la JGA.
Entre los primeros puntos, adelanta Campodónico, se encuentra el fortalecimiento corporativo y la designación por meritocracia de directores, además de la recomendación para operar los lotes de Talara.
Un eje central de la iniciativa propone que la designación de los miembros del directorio se realice a través de un comité de selección designado por la PCM y que esté compuesto por el presidente del Consejo de Ministros, un miembro propuesto por el titular del Minem y otro propuesto por el ministro del MEF. Para la selección de los postulantes a los cargos habrá concurso público, en el que se privilegiará la transparencia, y la designación de los candidatos se realizará sobre la base de sus calificaciones y experiencia profesional, debidamente comprobadas.
El proyecto de ley para fortalecer corporativamente a Petroperú permanece encarpetado en el Minem. Debe ser elevado por el Consejo de Ministros e ingresar al Congreso como proyecto de ley del Ejecutivo para su revisión en comisiones.
La misma propuesta meritocrática sería aplicada para otras instituciones, como Indecopi y Essalud. Esta última, que mueve S/14.000 millones anuales, ha tenido siete presidentes ejecutivos en menos de dos años. “La meritocracia debe ser perseguida por el bien de todos los peruanos para que estas instituciones públicas no sigan expuestas a ser botines. Es un tema transversal”, sentencia Campodónico.
Transparencia. Una empresa de selección de personal de reconocido prestigio nacional e internacional deberá asesorar en el concurso público.