El Poder Ejecutivo tiene hasta el 28 de junio para promulgar la modificación de la Ley 31557, que regula la explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia, cuyo objetivo central es asegurar la recaudación tributaria para una industria que en 2022 movió más de S/4.000 millones.
Esta ley, cuya autoría es de la congresista Lady Camones, fue promovida por la Asociación de Bodegueros del Perú y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), instituciones que se veían perjudicadas con la ley original debido a que otorgaba ventajas a las empresas extranjeras.
Precisamente, son estas empresas no domiciliadas en nuestro país las que mueven el 70% del dinero de la actividad (unos S/2.800 millones el año pasado, cuando se jugó el Mundial Qatar 2022). Los impulsores de la norma esperan que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), tras promulgar la ley, prepublique también el reglamento integral para recibir opiniones de todos los sectores involucrados.
El dictamen precisa que tanto las empresas constituidas en el exterior así como las empresas peruanas que explotan en nuestro país los juegos a distancia y/o apuestas deportivas online, sean contribuyentes.
La la ley N° 31557 vigente deja sin regulación manifiesta a las empresas de apuestas online no domiciliadas en el Perú. En consecuencia, exige que la garantía sea asumida por los bodegueros que venden las apuestas y los obliga a tener un espacio exclusivo para ello. De esta manera, se perjudica a más de 700.000 familias.
En adelante, con la modificación aprobada por el Congreso las casas de apuestas deportivas y apuestas en línea pagarán impuestos todas por igual, sean extranjeras o peruanas y esto redundará en mayor ingreso para el erario público. Además se ha previsto que un porcentaje sea destinado al Programa nacional de salud mental.
La autógrafa de ley fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. El plazo vence el 28 de junio. Es necesario resaltar que el dictamen tiene visto bueno del Mincetur, portafolio competente para tal fin.
Por último, cabe reseñar que la norma aprobada es producto del consenso alcanzado entre trabajadores, bodegueros, empresarios y Mincetur, y que el Parlamento Nacional atendió esa demanda.