El último domingo, Fernando Antonio Varela Bohórquez asumió el mando del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El nuevo ministro juró por "el diálogo social como norte y la formalidad laboral como resultado".
Es precisamente en estos ejes donde se encuentran sus más grandes retos. Actualmente, los principales actores que componen la cartera, los empleados y los empleadores, han roto el diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), y, al otro lado, la informalidad laboral supera el 70% a nivel nacional.
El abogado laboralista Ricardo Herrera menciona que la alocución del flamante ministro hace referencia a la reanudación de las reuniones del CNTPE tanto con empleadores como trabajadores. Lograr este objetivo significará un "gran logro político", asegura el especialista.
Sin embargo, la tarea no es fácil. En julio del año pasado, el sector empresarial anunció la suspensión de su participación en este espacio. Esto como consecuencia de la promulgación de los Decretos Supremos N° 001-2022-TR y N° 014-2022-TR. Exigen su derogatoria.
La primera norma limita la tercerización laboral en las áreas principales de las empresas y la segunda modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, destaca Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
El representante gremial asegura que estos dispositivos legales restablecen de cierta forma algunos derechos que fueron retirados a los trabajadores en los años 90. Por tanto, subraya que la gestión de Varela deberá centrarse en su defensa ante ante el Poder Judicial. "Los empresarios han presentado más de 300 demandas contra el DS001 y DS014. Es al MTPE a quien le compete ejercer la defensa directa", comenta.
No obstante, el flamante titular del MTPE, meses atrás, se había mostrado en contra de la norma sobre tercerización laboral aduciendo que era una medida ilegal y que su aplicación conllevaría una ola de despidos. Al respecto, Minaya sostiene que bajo este "criterio proempresarial se corre el riesgo de que los derechos de los trabajadores puedan ser ignorados, bajo el esquema de no perjudicar la inversión privada".
"Este nuevo ministro que tiene una posición mucho más ultra a favor de los empresarios, creemos que muy poco va a poder hacer", indica.
En tanto, Ricardo Herrera enfatiza que la discusión de estas medidas implicará "una negoción política" para lograr normas consensuadas. "Si el ministro propone un decreto supremo sustitutorio que recoja las preocupaciones de los trabajadores y empleadores, creo que podría ser una buena forma de reanudar las reuniones en CNTPE", destaca.
La reducción de la informalidad es una lucha que no ha tenido resultados en los últimos años. Sin embargo, para mitigar su avance, el MTPE deberá seguir impulsando los actuales y nuevos programas de generación de empleo del Estado a nivel nacional, regional y municipal, sugiere Ricardo Herrera.
"El ministro debería en lo que es promoción del empelo impulsar estas iniciativas y articular los diferentes sectores para ser una suerte de coordinador general de todos esos programas", recomienda.
Mientras que, en el aspecto jurídico, señala que la cartera debería promover un nuevo reglamento de la Ley pymes para incentivar la formalidad de estas unidades empresariales.
El año pasado, el Gobierno incrementó a S/1.025 la remuneración mínima vital (RMV) luego de haber permanecido por casi 3 años en S/930 mensuales.
El secretario adjunto de la CGTP menciona que otras de las prioridades del nuevo ministro debería ser iniciar con el incremento escalonado de la RMV hasta alcanzar el valor de la canasta básica familiar que actualmente es de S/1.450. "Se puede ir alcanzado ese monto de manera sostenida. Un próximo incremento no debería bajar de por lo menos de S/150 para poder alcanzar en los próximos años el tramo con el cual ya estamos en déficit", concluye.