Este miércoles 29 de marzo, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, una propuesta que contiene una serie de medidas para modificar la ley general de pesca, que lleva más de 30 años sin ser actualizada. Mediante la propuesta se busca incorporar la categoría de recursos sobreexplotados, actualizar la clasificación de la pesca artesanal y de menor escala, y ordenar las primeras cinco millas marinas para su aprovechamiento sostenible. La próxima semana se definirá su futuro.
"Existen muchos vacíos en la regulación pesquera, debido a que la ley de pesca aprobada hace 30 años no define a la pesca artesanal y tampoco a la pesca ancestral o tradicional, peor aún, no distingue entre la pesca artesanal y la de menor escala. Ello termina perjudicando a los pescadores artesanales, que se encuentran obligados a competir con embarcaciones de menor escala, que superan hasta seis veces su capacidad de almacenaje", sostuvo Norma Yarrow (Avanza País), durante el debate.
La iniciativa, que agrupa seis proyectos de ley, también plantea que, de conformidad con el principio de razonabilidad de Ley del Procedimiento Administrativo General, los regímenes de beneficios para el pago de multas en el sector pesca y acuicultura en ningún caso podrán ser mayores al 40% del valor de la multa correspondiente. De esta manera, se evita promover más "paquetazos" como el aprobado por el Ministerio de la Producción (Produce) en 2022, que redujo hasta en 90% las multas de los infractores, sin ninguna justificación técnica.
El congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) planteó una cuestión previa, señalando que estaba aprobando una reducción de multas que a su parecer respondía "a algún tipo de arreglo con algunas asociaciones [de pescadores]". De acuerdo a Percy Grandez, asesor legal de Gobernanza Marina de la SPDA, esta medida evita que se siga debilitando la fiscalización pesquera.
Aunque la cuestión previa fue rechazada, la medida no alcanzó los votos necesarios del Pleno en la segunda votación, sobre todo por los votos en contra de los congresistas de la bancada Fuerza Popular, que, como se recuerda, promovieron la derogación de la ley que lucha contra la criminalidad organizada dedicada al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, así como la extracción ilegal de especies acuáticas, aunque en esa oportunidad no salieron victoriosos.