Congreso propone reducir multas del sector pesquero hasta en 90%
En 2022 rigió una norma similar que fue denominada el ‘paquetazo pesquero’. Congresista sostiene que duró muy poco y que no benefició a los pequeños pescadores.
La República en GoogleEl congresista Jorge Luis Flores Ancachi propone recuperar la actividad productiva en el sector pesca y acuicultura a través de un nuevo régimen excepcional de reducción de multas. La iniciativa legislativa 4025 señala que las personas naturales y jurídicas que cuenten con sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción pueden acogerse a la reducción de hasta 90% del total de sus multas.
Se plantea que la escala de reducción será teniendo en cuenta los siguientes parámetros: cuando la multa sea de hasta 50 UIT, la reducción no puede ser menor al 90%; mientras que cuando sea mayor a 200 UIT, la disminución no puede ser mayor al 50%. Además, se deben sumar el valor de todas las multas al momento que entre en vigencia la norma.
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Otro detalle es que, si el monto final a pagar supera el valor de una UIT, esta puede fraccionarse hasta en 12 cuotas mensuales. En tanto, quienes quieran beneficiarse de la norma tendrán 120 días hábiles contados a partir de su entrada en vigencia.
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De acuerdo a la propuesta, el Decreto Supremo N.° 007-2022-PRODUCE, que redujo las multas también hasta en 90% y que fue denominado el ‘paquetazo pesquero’, no fue suficiente para que el gran grueso de pequeños pescadores pudiera acogerse a los beneficios de esta medida.
“La presente ley busca que los agentes pesqueros puedan disponer de una mayor liquidez y, por ende, recuperación en la actividad productiva a consecuencia de la pandemia del COVID-19, las personas naturales o jurídicas que tengan sanciones de multa en plazo de impugnación, sanciones de multa impugnada en vía administrativa o judicial y sanciones de multa en ejecución coactiva, puedan acogerse al régimen excepcional y temporal de reducción de las multas”, precisa el documento.
La propuesta legislativa fue presentada el 19 de enero y debe pasar por la evaluación de las comisiones del Congreso antes de su debate y votación en el Pleno.
