Hace poco, la Corte Suprema emitió un fallo con el cual exhorta a Telefónica del Perú pagarle alrededor de S/ 3.000 millones al Estado tras resolverse una controversia con la Sunat por diferencias en el Impuesto a la renta (IR) de los años 2000 y 2001.
Al respecto, la empresa de telecomunicaciones alegó que la resolución de la Corte Suprema no contiene mandato alguno de pago, en tanto que las emitidas en los procesos contencioso-administrativos resuelven sobre conceptos derivados de un pronunciamiento del Tribunal Fiscal, y, por lo tanto, no contienen una obligación de pago.
El documento — presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) — precisa que una vez finalizados estos procesos, la Sunat, mediante un acto administrativo, determinará el monto obligatorio a pagar.
“Sin perjuicio de que la Sunat ha hecho pública una estimación, está pendiente que emita el acto administrativo correspondiente”, añadieron.