Tras cuatro años de pruebas piloto, China ha optado por su primer plan privado de pensiones mientras enfrenta los desafíos económicos asociados con el envejecimiento de la población. Con ello, no solo marca un hito para fomentar el ahorro privado para jubilación entre sus ciudadanos, sino que abre su abanico hacia un sistema que integre sectores público y privado por el bienestar común.
Noelia Bernal, profesora de la Universidad del Pacífico (UP), explica que las economías en el mundo están virando hacia un sistema que ofrezca un balance entre lo privado, ya sea con cuentas individuales, y un componente público, que puede ir de la mano con una administración por parte del Estado. Un sistema mixto de pensiones.
Para la especialista, un buen ejemplo sería el modelo uruguayo. Este es uno de los pocos países donde existe un componente público -el más grande-, donde los trabajadores aportan hasta un determinado nivel salarial, mientras el aporte privado está destinado a inyectar ahorros de acuerdo al umbral al que pertenezcan.
En cambio, actualmente en el Perú el sistema funciona de forma paralela, donde un trabajador puede decidir ahorrar para su vejez, ya sea bajo las AFP (donde, mientras más se ahorra, más se tiene), o aportar al sistema público, que se reparte según los años en los que se está sujeto. En este segundo caso, son los jóvenes quienes pagan las pensiones de sus antecesores, es una especie de acuerdo entre generaciones.
El plazo del pago dependerá de la situación previsional del aportante al momento de hacer la solicitud. Foto: La República
El esquema planteado por China deja que los ciudadanos contribuyan con hasta 12.000 yuanes (unos 1.872 dólares) por año en cuentas individuales, sujetas a una gestión cerrada de fondos, de acuerdo con las directrices del Consejo de Estado. Pueden perfectamente acceder los que hoy aportan al sistema estatal de seguridad social.
Para el caso peruano, la situación es totalmente distinta, pues no se ha logrado la cobertura prevista. A la poca competencia entre cuatro administradoras, se suma hoy el retiro de los aportes debido a la pandemia, con lo cual el sistema, a futuro, queda más debilitado, y con ello también la capacidad del Estado para afrontar a estos nuevos jubilados sin pensión.
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“Ambos tienen la debilidad de cubrir a muy poca gente: solo 3 de cada 10 trabajadores ahorran en uno de estos sistemas en el Perú. Por lo tanto, podemos decir que, así como están diseñados, no sirven, pues no alcanzan a la mayoría de la población”, expresa la economista.
Bernal sostiene que el Perú es el segundo peor país en materia de cobertura, por lo que cualquier reforma que se diseñe debe resultar atractiva para ese 70% de ciudadanos que no tienen ningún tipo de ahorro para su vejez. Este problema social se ahonda en este punto, pues “no existe una fórmula mágica para un grupo tan heterogéneo”, es decir, un universo que incluye a las amas de casa, taxistas, comerciantes minoristas, y distintos tipos de trabajadores independientes en zonas urbanas y, peor aún, rurales.
“Hoy en día existen más evidencias para equilibrar el sistema de pensiones, dar el rol que corresponde a las instituciones privadas, y recuperar, de alguna manera, la responsabilidad que debe tener el Estado como garante de pensiones para los ciudadanos. Así funciona en países desarrollados, como EE. UU. o Europa. A nosotros todavía nos falta, estamos mucho más atrasados”, refiere.
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En China, la edad oficial de jubilación para los hombres es de 60 años. Las mujeres en puestos directivos tienen una edad de jubilación de 55 años, mientras que las trabajadoras pueden jubilarse a los 50.
Los fondos en las nuevas cuentas privadas de China pueden ser utilizados para comprar productos financieros que son de relativamente menor riesgo y con un horizonte de inversión a más largo plazo, de acuerdo con las directrices.
China considera que la medida garantizará que los jubilados de las regiones menos desarrolladas reciban sus pensiones de manera oportuna, acarreando dinero desde otras zonas.
Noelia Bernal, docente de Economía, UP
“Las políticas públicas deben orientarse a dar incentivos para que los trabajadores se afilien a un nuevo sistema mixto, y algún tipo de subsidio para incorporar a quienes aun así queden fuera”.