Empresarios piden derogar fin de la tercerización laboral

Tras publicarse el decreto supremo que elimina la tercerización laboral en elnúcleo de negocio de las empresas, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los gremios locales exigen su derogación, alegando que se pone en riesgo “decenas de miles de empleos, especialmente en las mypes” y que contraviene a los avances en la formalización, además de alentar el desempleo.

A través de diversos comunicados, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Perúcamaras, la Asociación Peruana de Factoring (Apefac), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif) y el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, entre otros, se limitaron a manifestar su rechazo y de cuestionar su constitucionalidad al tener un “carácter autoritarista y unilateral”.

Respaldo sustentado

Por otro lado, extitulares del MTPE como Christian Sánchez, Carlos Blancas y Jorge Villasante, junto a decenas de especialistas laborales, recuerdan que desde hace 15 años, la ley 29245 (que regula los servicios de tercerización) supuso una intensa precarización de los vínculos laborales, dado que los trabajadores de las contratistas percibían menores remuneraciones y protección respecto a sus pares de las empresas principales. Incluso, muchas veces no recibían utilidades.

Además, a nivel colectivo, los trabajadores tercerizados fueron obstaculizados en su derecho a formar un sindicato, negociar colectivamente mejoras salariales y a ejercer la huelga. Todo ello –resumen los laboralistas firmantes– agudizó la desigualdad en la distribución de ingresos en el país y provocó innumerables accidentes.

Según Sánchez, queda pendiente mejoras en la limitación de la contratación temporal, por ejemplo, apostando por un contrato “fijo-discontinuo” que reconozca los espacios donde es razonable establecer solo relaciones de trabajo a plazo indefinido o reforzar el ámbito de su aplicación en relaciones discontinuas donde goce el empleado de estabilidad, para no amenazar el pleno ejercicio de la libertad sindical.

Hasta agosto para adecuarse

La normativa da 180 días calendario para que las empresas se adecúen al nuevo reglamento, y también se aplicará al sector público en la medida que estén sujetas al régimen laboral de la actividad privada. La Unión de Gremios pidió un diálogo técnico con autoridades y sindicatos en el Consejo Nacional de Trabajo.