Petroperú: trabajadores rechazan "contrataciones irregulares" de Proinversión y cuestionan uso de recursos públicos
En medio del proceso de privatización, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú criticó las contrataciones de asesorías externas como Deloitte realizadas por ProInversión, al considerar que se hicieron sin transparencia, sin debido proceso y con uso indebido de recursos públicos.
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El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) expresó su rechazo a la forma en que la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) viene conduciendo el proceso de privatización de la petrolera, luego de que el régimen de José Jerí le otorgara atribuciones en línea con el decreto de urgencia publicado el último día del 2025. El gremio sindical acusa particularmente al uso indiscriminado de recursos públicos en la contratación de asesorías externas, sin transparencia ni respeto al debido proceso.
"Resulta especialmente grave y preocupante que dichas contrataciones no hayan cumplido con los plazos ni procedimientos mínimos que demanda un proceso de esta naturaleza, lo que evidencia que no se ha respetado el debido proceso administrativo, configurándose una designación discrecional y dirigida, es decir, una contratación 'a dedo', sin competencia real ni evaluación objetiva", acusó la representación de los trabajadores de la estatal.
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Petroperú: rechazan designación sin concurso de Deloitte
Además, el Frente de Sindicatos cuestionó la contratación de firmas como Deloitte, empresa que, según indican, "a nivel internacional ha sido objeto de múltiples cuestionamientos y denuncias públicas en distintos países por la elaboración de informes presuntamente irregulares o carentes de sustento técnico", lo cual genera dudas sobre la idoneidad y confiabilidad de los informes que se pretenden utilizar para definir el futuro de Petroperú.
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A ello se suma la contratación de asesorías legales externas, bajo el argumento de garantizar "seguridad jurídica", cuando el Estado peruano y Petroperú cuentan con equipos técnicos y legales calificados, con amplia experiencia en el sector hidrocarburos y en la gestión de empresas públicas, lo que hace innecesario y cuestionable este tipo de gastos.
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César Gutierrez, expresidente de Petroperú, cuestionó duramente a ProInversión por designar a Deloitte en 24 días en un tema tan complejo que consta en elaborar un plan estructurado para llevar a cabo el proceso de privatización, y pase por alto, que hace 10 años, la firma fue contratada por Petroperú para que se haga cargo del PMO (Oficina de Gestión de Proyecto) de la construcción de la Nueva Refinería Talara y por lo tanto, responsable de sus demoras, arranques y funcionamiento, para lo cual recibió US$39,4 millones por el contrato.
"Deloitte ha sido testigo silente de los excesos en la construcción de la Refinería de Talara y con el agregado de cobrarle a Petroperú US$39 millones. Por decoro debió inhibirse a participar ante generoso Proinversión", observó. "¿Invitaron a otras empresas?, ¿cómo definieron el monto a pagarse?, y ¿cuál es el alcance del contrato? (...) A una empresa que ha participado en el momento de la mayor irresponsabilidad del gasto, origen de la crisis actual de Petroperú, se le da ahora el derecho para que oficie de reestructurador. Es una tomadura de pelo de los responsables de Proinversión", expresó.
Además, en noviembre del 2025, la petrolera adjudicó el análisis forense del proyecto de la Nueva Refinería Talara a la empresa brasileña Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda, donde participaron antiguos socios del Consorcio Deloitte Talara, por un contrato de US$2,7 millones. Esta adjudicación, que brindó acceso a información privilegiada sobre la modernización del proyecto, es señalada también como un eventual conflicto de interés, debido a los nexos de los consultores con la documentación interna, cuestionó Gutiérrez.
Ante ese escenario, el Frente de Sindicatos considera inaceptable que, mientras se exige austeridad a los trabajadores y se limita la inversión operativa de la empresa, se destinen recursos públicos a consultoras privadas, "sin procesos claros ni transparentes", lo que generan fundadas sospechas sobre el verdadero objetivo del proceso de reorganización, el cual debería apuntar al fortalecimiento de Petroperú y no a su debilitamiento.
"Rechazamos que estas decisiones se pretendan justificar bajo el amparo del Decreto de Urgencia N° 010-2025, sin diálogo previo con los trabajadores, ni rendición de cuentas a la ciudadanía, vulnerando principios básicos de transparencia y participación", manifestaron.
El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú exigió transparencia, rendición de cuentas y la revisión inmediata de estas contrataciones, y demandó que cualquier proceso de reorganización se realice con respeto al debido proceso, participación de los trabajadores y en defensa del patrimonio energético del país.
