Esta semana la Comisión de Energía y Minas retomará la discusión acerca de la conveniencia de extender contratos petroleros a los actuales licenciatarios.
De acuerdo con el Proyecto de Ley 804/2021-CR, presentado el 19 de noviembre por Carlos Alva, presidente de la comisión, se propone homologar los contratos de petróleo y gas.
Así los contratos petroleros que hoy son de 30 años pasarán a extenderse hasta 40 años, es decir, 10 años adicionales. Si bien este cambio rige para los nuevos contratos, el documento contiene una disposición única que permite acogerse a los actuales operadores de lotes.
La iniciativa, en su primera disposición complementaria, es clara en reconocer que beneficiará de forma directa a 8 contratos, 7 de ellos ubicados en Piura, cuyos contratos expiran en los próximos años.
Estos contratos vencen entre mayo del 2023 y mayo del 2028 y se trata de las operaciones en el Lote V (Unna), VII/VI (Sapet), Z-2B (Savia), X (CNPC), II (Petromont) y XV (Petromont). El Lote I venció su contrato en diciembre del 2021 y fue adjudicado a Petroperú.
Justamente es la participación de la petrolera estatal en esos contratos aquello que cambió desde la propuesta inicial de la comisión, hasta el último texto que estuvo a punto de ser aprobado hace dos semanas.
Y es que el proyecto de ley inicial en la Segunda Disposición Complementaria Final señala que se le dará la prórroga a los contratistas si le ofrecen a Petroperú el 25%.
Luego, cuando se elabora un primer predictamen, se señala que luego de suscrito el nuevo contrato el contratista deberá -dentro de los cinco días hábiles siguientes- proponer a Petroperú su incorporación en el contrato como socio partícipe, según los porcentajes de participación que acuerden.
Sin embargo, en el segundo predictamen ya no se menciona a la empresa estatal y tampoco se explican las razones acerca de por qué ya no es conveniente su participación.
Para el expresidente de Petroperú Humberto Campodónico, no se entiende por qué se ha excluido a Petroperú en el último predictamen, más aún si en los considerandos del dictamen se establece claramente que la refinería de Talara, propiedad de la estatal, va a necesitar ese petróleo.
”Con esta exclusión, de manera consciente o inconsciente lo que se está diciendo es que no se quiere una empresa estatal fuerte.
El presidente de la comisión tendría que explicar a los demás congresistas ya la nación el por qué de ese cambio. Pareciera que la presión de los lobbiesha surtido efecto”, cuestionó el experto
.La congresista Francis Paredes Castro, miembro titular de la comisión, comentó a La República que la iniciativa aún no prospera por contener vacíos legales y se solicitará, en la sesión de esta semana, la inclusión de Petroperú.
”No se ha considerado (a Petroperú) en ese proceso y estamos esperando que se pueda corregir. Apuntamos a que el país debe recuperar nuestra soberanía y por qué no invertir en nuestras empresas nacionales”, subrayó la legisladora de Perú Libre.
Es importante anotar que en esta comisión 5 de sus miembros titulares forman parte de la bancada de gobierno. En ese sentido, desde el inicio de su mandato, Pedro Castillo ha manifestado la decisión política de fortalecer a Petroperú en todos los eslabones de la cadena, incluido la explotación.
La comisión también está conformada por 4 miembros de Fuerza Popular y dos de ellos, los congresistas Cruz María Zeta Chunga y César Revilla Villanueva, representan a la región Piura.
En 2015 esta bancada apoyó de forma unánime el regreso de Petroperú a la explotación de petróleo, a través de la ley que le otorgó el Lote 192 (Ley 30357).
Para Enrique Bisetti, especialista de amplia experiencia en el sector energético, si bien Petroperú no se encuentra en condiciones de recibir todos los contratos que terminan en los próximos años, se le debería dar la opción para ingresar a alguna de esas operaciones, pero según su propia evaluación.
”Tiene que ser viable técnica y económicamente para Petroperú y que tengala facultad de decidir con qué inversionista ingresa. La ley debe darle la opción para que Petroperú decida”, recomendó.
Respecto al porcentaje de participación, Bisetti sugiere que sea entre 45% y49% y no limitarlo a un 25%, nivel que considera que “no le mueve la aguja a nadie”.
Asimismo, el especialista resaltó que dentro del paquete de lotes por expirar serían de mayor conveniencia para Petroperú los lotes X y las plataformas marinas en el Lote Z-2B. “Esos dos lotes serían buenos y sumarían fácilmente entre 15 mil a 20 mil barriles”.
Acotó que la meta de Petroperú a unos 10 años debe ser contar con una producción de 35.000 barriles por día, que incluya los lotes 192, 64, 8 y los lotes X y Z-2B. “Ese volumen sí le mueve la aguja a Petroperú para la operación de la nueva refinería de Talara”, destacó.
En opinión de otros especialistas, el Lote VII/VI (estatal china como el Lote X) también sería de utilidad para Petroperú.
Toda empresa petrolera necesita la integración vertical, es decir, participar en todos los eslabones de la cadena, sobre todo en la explotación, explicó Humberto Campodónico.
En ese sentido, detalló que si Petroperú ingresa a los lotes petroleros más importantes de Talara, accedería no solo a unos 20.000 barriles diarios, sino a la renta petrolera, que es la diferencia entre el costo de producción de US$ 20 por barril y el precio internacional de US$ 80.
Esto ayudaría al flujo de caja que necesita Petroperú para sus actividades, en particular para cumplir con el pago de préstamos y bonos de la nueva refinería de Talara, monto que asciende a US$ 170 millones en el año 2022.
”El hecho de que la empresa estatal tenga prioridad en el otorgamiento de los lotes petroleros que vencen es práctica común en la industria petrolera en todo el mundo. Este sería uno de los pocos casos en los cuales se excluye a la estatal y se prorrogan a dedo los lotes de Talara que vencen en los próximos 2 años”, criticó Campodónico.
Un aspecto central que deberá definir la Comisión de Energía y Minas es si habrá una reducción en el pago de regalías en las futuras extensiones de contratos que se contemplan en esta ley, tal como recomiendan algunas de las opiniones solicitadas por la comisión.
Este tema es de especial interés del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la medida que objeta que la regalía no debe ser menor al canon, pues esta diferencia tendría que ser asumida por el Tesoro Público.
La Comisión de Energía y Minas señala que Perupetro tiene opinión favorable respecto al predictamen, no obstante, fuentes de la agencia estatal comentaron a este medio que esa opinión es sobre otro proyecto de ley pasado. Se supo que Perupetro ya advirtió de esta situación a la comisión que preside Carlos Alva.
En esta comisión se encuentra estancado el Proyecto de Ley 679 del Ejecutivo sobre masificación del gas natural, el mismo que desde su presentación el 10 de noviembre 2021 no ha sido discutido. “Allí se grafica cuáles son las prioridades de esta comisión”, aseveró Humberto Campodónico.
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