El mar de Ventanilla, en el Callao ha sido víctima de dos derrames de petróleo por parte de la refinería La Pampilla en la última década. Al suscitado el 15 de enero lo precede uno del año 2013, por el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a dicha empresa por brindar información inexacta sobre la cantidad de combustible que llegó al mar y por no reparar de forma correcta los daños.
Las primeras investigaciones de las autoridades peruanas dan cuenta que, 9 años después, el accionar de la compañía del Grupo Repsol no es el óptimo, pues lo ocurrido el pasado fin de semana no fue limitado ni controlado como aseguraron.
Una vez conocidas las imágenes del impacto que tuvo el derrame del crudo, Repsol confirmó lo que ya era público y lo catalogó como un “derrame limitado” producto de los fuertes oleajes durante la descarga del buque Mare Dorium. Sin embargo, los daños reportados en las costas de Santa Rosa, Ancón y Ventanilla contradicen la versión de la empresa.
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Es más, debido a la gravedad, el fiscal Ariel Tapia Gómez, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de contaminación ambiental a los representantes legales de la refinería La Pampilla y quienes resulten responsables.
El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, también señaló que de encontrarse responsabilidad en la empresa, la sanción podría llegar a las 30.000 UIT.
Este martes 18 de enero, la OEFA anunció medidas administrativas que La Pampilla debe acatar de forma inmediata para evitar mayores daños al ecosistema marino, pero ya el mismo organismo había sancionado a la refinería por dos infracciones al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos ocurridos el 4 de febrero del 2013.
En primera instancia, en 2014, la entidad le impuso una multa de 133.80 UIT vigentes a la fecha de pago, pero tras una apelación, el monto se redujo a la mitad y en el 2015 se canceló un monto total de S/ 277.301,19.
Los motivos de sanción fueron los siguientes: no controlar o mitigar eficientemente el impacto negativo generado en el mar y presentar información inexacta en el informe final del incidente.
En dicho informe se señaló que derramaron solo siete barriles en el terminal Multiboyas número 2, cuando en realidad la cifra fue mucho mayor, un total de 195 barriles, según el peritaje hecho por los expertos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la OEFA.