OIT: programas de protección social deben universalizarse en América Latina

Con el fin de evitar que los daños colaterales causados por la COVID-19 se amplifiquen en América Latina, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó este miércoles a los gobiernos regionales ampliar la cobertura de sus programas de protección social.

Vale recalcar que la pandemia trajo desempleo, incremento de los ratios de pobreza, pérdida del empleo adecuado y reducción de ingresos, entre otros, por lo cual se aplicaron programas de transferencia monetaria (bonos) y subsidios para incentivar el empleo con el fin de dinamizar la reactivación económica, tras un año en el que el PBI en América Latina se contrajo hasta en -6,7%, según el Banco Mundial.

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En esa línea, la OIT detalló que antes de la emergencia sanitaria, solo el 56% de los latinoamericanos estaba cubierto por algún tipo de protección social; mientras que los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, incluían a apenas el 46% de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad (...) Esta es una lección aprendida de esta pandemia: la falta de protección social nos hace más vulnerables”, argumentó el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro.

Retroceso en sistemas contributivos de pensiones

Según el reciente Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia de la OIT, los sistemas contributivos de protección social registraron una baja de 7,9 % en el número de cotizantes, lo que valió un retroceso de casi una década.

Por ello, plantean la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección, que cuenten como base un piso de protección social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

Pinheiro acota que la protección social es fundamental para la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, a la vez que facilita la transformación productiva y la mejora de la productividad.

“Es fundamental adaptar y ampliar la protección social. Las prestaciones sociales han sido la primera línea de defensa para quienes perdieron sus ingresos y a la vez constituyen un importante motor para estimular la actividad económica”, explica Pinheiro.

Finalmente, trascendió que lastra la región “un desafío pendiente” respecto a los adultos mayores, considerando que el 30 % de los mayores de 65 años en América Latina y el Caribe no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.