El inicio de un nuevo superciclo de precios de los minerales ha obligado a diversas naciones a replantear una compensación adicional al sector minero. En el Perú esto no será la excepción.
Pedro Castillo, flamante presidente de la República, anunció que durante su gobierno los proyectos de inversión deberán cumplir con el criterio de rentabilidad social. “Todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente, donde la recaudación de impuestos y regalías sea positiva y relevante”, explicó.
Agregó que el proyecto deberá mejorar el nivel de empleos y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el de realizar transferencias tecnológicas y mejorar la distribución de ingresos, en la que la intervención “no genere grupos privilegiados y otros excluidos”.
“[Los proyectos deberán] promover y preservar la cultura y medio ambiente, toda intervención tiene que cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, afirmó el jefe del Estado.
En otro momento, Castillo anunció que se buscará poner orden en la minería, entendiéndose ello como reglas claras, escenarios sin sorpresas para los actores, utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios, expulsando a la corrupción, sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto.
El mandatario señaló, además, que se hará lo posible por producir más y con mayor valor agregado. Según estimados del Ministerio de Energía y Minas (Minem), este año la producción de cobre estaría entre 2,4 y 2,5 millones de toneladas, una cantidad similar a la que hubo en 2019.
Castillo también anunció que su gobierno está “dispuesto a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva Constitución Política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado”.
Según estimados de analistas internacionales, las compañías mineras más grandes del mundo habrían ganado un total de US$ 85.000 millones durante la primera mitad del año, más del doble del nivel de hace un año.
Contratos. Actualmente, los proyectos Quellaveco, Las Bambas, Cerro Verde, Toromocho, Hudbay y Antapaccay cuentan con estabilidad tributaria.
Peso. Estos proyectos representan la mitad de la producción del cobre del Perú.
José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental
Lo planteado por el presidente —sobre rentabilidad social— es un criterio que está por encima de lo que ha sido la licencia social que forma parte de las políticas de las propias empresas mineras. Era una suerte de mecanismo voluntario, no un marco legal o obligación. Lo planteado hoy es una iniciativa interesante, pues se trata de un Estado mucho más activo.
El tema de las sobreganancias mineras es totalmente evidente. Eso está ocurriendo por todo el mundo. Las empresas están teniendo utilidades millonarias, y los Estados que son dueños del recurso natural tienen el legítimo derecho de la captura de una mayor renta. Creo que siempre es posible renegociar, es más, los contratos con las empresas mineras se han renegociado varias veces por iniciativa de las empresas.
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