Municipios apuntan a repartidores, aplicativos siguen sin regulación y el Ministerio de Trabajo sigue en silencio

El último domingo se supo que 18 de 47 repartidores de aplicaciones como Rappi y Glovo dieron positivo a una prueba rápida de Covid-19, en medio de un operativo que realizó la Municipalidad de Miraflores junto a la Policía Nacional.

A partir de allí, otros siete distritos también se estarían alineando a la exigencia de un certificado negativo de esta enfermedad, de lo contrario, el repartidor estaría prohibido de cumplir con su trabajo. La comuna miraflorina también dijo que estaría emitiendo un Decreto de Alcaldía —que exija las pruebas a las apps— si es que el Minsa y Produce no resuelven los vacíos legales de los protocolos.

Sin embargo, ¿en realidad se está atacando el problema de fondo? Según voces expertas en el rubro sanitario y plataformas digitales, no.

“Pruebas no son un certificado de salud”

Para la exministra de Salud, Patricia García, estos planteamientos tienen un mal sustento y no protegen, en realidad, a los trabajadores y clientes.

“Las pruebas rápidas y moleculares no son un certificado de salud”, sentencia.

En primer lugar, las pruebas rápidas pueden dar como resultado falsos negativos y falsos positivos, es decir, no son 100% confiables, por lo que dan una inexacta sensación de seguridad, lo que pondría en riesgo a la población, según la experta.

En segundo lugar, según García, las pruebas moleculares tardan 48 horas en ofrecer su diagnóstico. “El resultado de esta prueba puede ser negativa después de uno o dos días, pero, ¿cómo estás seguro que durante ese lapso [Un repartidor trabaja más de 12 horas al aire libre todos los días] no te has contagiado? Entonces, no tenemos una forma clara de poder saber quienes están infectados”, aclara.

“Una prueba, sea molecular o rápida, solo te da una “foto instantánea” y la enfermedad es una película que sigue en movimiento”, apunta.

La exministra considera que lo que en realidad el Ejecutivo debería exigir es el cumplimiento de los protocolos. “Distanciamiento, alcohol, mascarilla y lavado de manos, con eso alejamos el virus”, enfatiza.

“Se debió crear consciencia en los trabajadores y empresarios. La sensibilización y supervisión de las medidas sanitarias han sido menos importantes, y por ende, desplazadas por la falsa idea de seguridad con las pruebas”, añade.

“¿En dónde está el Ministerio de Trabajo?”

García narra que suele observar en las esquinas a varios motorizados aglomerados, todos a menos de 15 centímetros de distancia. “¿Quién fiscaliza eso”, cuestiona.

Al respecto, Alejandra Dinegro, socióloga y especialista en plataformas digitales, indica que la iniciativa de las municipalidades debería estar enfocada en solicitar que quién fiscalice el cumplimiento de los protocolos establecidos, sea el Ministerio de trabajo a través de Sunafil.

“Indecopi no tiene nada que hacer en materia de salud y seguridad en el trabajo. El tema de fondo debe ser la condición precaria (no cuentan con seguro de salud, contra accidentes, horario, contrato formal, etc) en la que laboran los repartidores y la falta de regulación a estas aplicaciones”, apunta.

Cabe agregar que La República publicó “El que reparte se lleva la peor parte” y “Glovo no cumple con protocolos, su seguro contra la COVID-19 es una mentira”, dos informes en el que aborda la explotación laboral y una serie de denuncias de los trabajadores de estas aplicaciones.

Sin embargo, ni el MTPE y Produce se pronunciaron al respecto y ese mutismo persiste hasta el día de hoy.

Según Dinegro, cuando el alcalde de Miraflores exige estas pruebas como si fuera un certificado de salud que les permita seguir trabajando, comete un error que atenta contra el libre tránsito y el derecho al trabajo.

“Si de verdad se tiene el interés de intervenir en el tema, el Gobierno debe reconocer su error, a pesar de las reiteradas advertencias, a pesar de las recomendaciones del informe final del grupo de trabajo del MTPE respecto al trabajo en plataformas y a pesar de la realidad misma”, afirma.

De igual modo, la especialista considera que los municipios pueden intervenir generando espacios seguros para que los usuarios y repartidores puedan satisfacer sus requerimientos y cumplir con su trabajo, respectivamente.

Y citar a los gerentes de estas empresas para apoyar en el cumplimiento de los protocolos.

“Perú tiene la oportunidad de dejar un precedente importante para la región y el mundo. No es tarde”, concluye.

“Nuestro trabajo es esencial, pero nuestros derechos no”

Pierre, motorizado de Glovo, menciona que ni las municipalidades ni el Gobierno están atendiendo el verdadero problema. “Nuestro trabajo es esencial, sí, pero ¿y nuestros derechos?”.

“Hay un vació legal de hace hace años, los entes encargados tienen que establecer una norma para regularizar todo esto, no prohibirlos, porque esta es nuestra fuente de ingresos, de supervivencia en estos tiempos, ¿por qué se meten con el eslabón más débil de esta cadena? ¿Qué hay de las empresas?”, expresa.

Desde los ojos de Pierre, el 80% de la actividad económica de los municipios lo mueve el delivery, aunque señala que su realidad es ignorada. “El virus viaja en delivery decían los titulares, ¿y la gente aglomerada en centros comerciales y en el transporte público? No se debe destruir la continuidad de la actividad económica, sino fortalecerla”, acota.

Sobre la medida del municipio miraflorino, Pierre comenta que está mal articulado porque los perjudica.

“Perdemos de 7 a 10 soles por cada hora en esos operativos. El aplicativo te bloquea por el momento de ausencia en el trabajo, por lo que te dejan de caer pedidos, eso significa menos sueldo para nosotros”, explica.

Por lo que recomienda que las municipalidades deben coordinar estas intervenciones con los propios aplicativos. “Se debería mandar un oficio a las empresas, especificando el horario para la toma de pruebas, sería de 6 a 10 de la mañana, porque esa es la hora de baja demanda”.

Enviamos nuestras consultas a Rappi y Glovo, pero hasta el momento no hay respuesta.