
El abogado laboralista Jorge Toyama manifestó que la ley de teletrabajo necesita cambios radicales que dinamicen y hagan más atractiva la formalización.
“Hoy en día la ley de teletrabajo dice que un contrato debe ser escrito y la empresa debe pagar al trabajador por el uso de wifi de la casa, además de velar que el lugar de trabajo sea seguro, ergonómico, miden pasos activos, entre otros. Es muy rígido y lo que se busca es dinamizarlo, por eso es que no llega ni a 1.000 trabajadores registrados. Muchas empresas hoy en día utilizan este método de trabajo, pero no los formalizan”, detalló Toyama al programa RTV Economía.
Sobre la modernización de las mypes del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que incluye las revisiones a la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones,Toyama señaló que una interesante propuesta de aseguramiento sería que mantengan activo el SIS, ya que actualmente es más atractivo que EsSalud.
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“A veces los propios trabajadores no quieren estar en planilla porque no quieren perder el SIS”, resaltó.
Agregó que deberían haber más incentivos económicos a las mypes que tienen a sus trabajadores en planilla. Beneficios en lo comercial, más fomento de préstamos blandos, entre otros. Ya que “el sistema mype es muy complejo por el lado cultural. Por ejemplo puede tener su RUC pero es informal en lo laboral. Además, buscan la valorización de estar en planilla, ¿qué gana al ser formal?”.
Los jóvenes son la población más subempleada, desempleada, informal. Los peores males laborales lo tienen los jóvenes. Hay más de 1 millón y medio de jóvenes que ni estudian ni trabajan (Nini).
“Es importante que el Gobierno haga algo por la enorme capa juvenil. Hay varios intentos del Estado que terminaron muy mal como la ‘ley pulpín'. Se debe trabajar bastante como la parte técnica como Senati, capacitaciones ad hoc a las empresas”.
El también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) concluyó en que este Plan Nacional de Productividad actual es un primer esfuerzo del Estado para sacar a la luz los temas macros en el aspecto laboral.
“Es un plan estratégico a mediano-largo plazo, falta materializarlo. Por ejemplo se deberían plantear plazos para determinar el nuevo mínimo vital. Estos siempre deberían subirse por diversos criterios cambiantes. Más que la cantidad, la predictibilidad. Los sindicatos y las empresas deberían saber en qué fecha se debatirá”, indicó.
“El Gobierno aprobó la política de productividad general, el plan es el detalle más concreto y vigente. Se supone que luego debería terminar en normas que impactan en los trabajadores y las empresas. Este es el plan, luego la ley que aplica”. concluyó Toyama.





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