Por: Carlos Bessombes B.
La reciente admisión de Odebrecht sobre pagos ilícitos en el inconcluso proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) pondría al Gobierno en una situación ventajosa sobre el consorcio. El Ejecutivo se encuentra en pleno proceso de consulta legal y habría novedades sobre si es aplicable la cláusula anticorrupción.
¿Tiene sentido traer un gasoducto de Bolivia al sur del Perú? ¿En qué situación queda el gasoducto al sur?
En principio, el Sistema Integrado de Gas (SIT Gas) iría por el mismo trazo que tenía el Gasoducto Sur Peruano (GSP) y el primer tramo sería a Anta (Cusco) que es donde hay mucha expectativa de parte de la región por usar el gas que producen. Es una anhelo de muchos años. Este SIT Gas es el que estamos impulsando con Proinversión y nosotros lo encontramos todavía demorado y estamos viendo cómo adelantamos su ejecución. Uno de los convenios que se han firmado con Bolivia es que cuando nosotros estemos desarrollando nuestro SIT Gas ellos puedan traer desde Cochabamba un ducto de gas que se conecte a nuestro SIT Gas. No es que ellos harían un ducto de gas hasta Ilo sino que se conectarían a nuestro ducto y podrían transportar su gas a través del SIT Gas que estaría construyéndose en Perú.
¿Qué beneficio o lógica tiene esa conexión?
Eso lo que hace es fortalecer el uso y la construcción del SIT porque va a darle mayor cantidad de molécula de gas y con eso se justifica con más razón esta construcción del SIT Gas. La interconexión que Bolivia podría hacer, evidentemente no va a ser en los próximos meses porque eso le va a tomar tiempo.
Habiendo reconocido Odebrecht actos de corrupción en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, ¿es la cláusula anticorrupción la llave para destrabar la llegada de gas al sur?
Hemos hecho la consulta y estamos esperando la respuesta, si esa cláusula anticorrupción es aplicable ahora ya que ese contrato fue resuelto hace un tiempo atrás argumentando el no cierre financiero. Entonces, estamos esperando la opinión de los abogados para poder aplicar esa cláusula de ser el caso. Es importante separar el SIT Gas, que es el que tenemos identificado y que estamos desarrollando como una nueva alternativa para el sur del país, de ese gasoducto al sur que fue un proyecto fallido y que hora vemos, lamentablemente, una vez más cómo la corrupción en nuestro país se ha desarrollado generando tanto perjuicio para los peruanos.
¿Se le reintegrará o no lo invertido a las empresas consorciadas?
Eso es un proceso que se seguirá, veremos esta cláusula anticorrupción como menciono, en realidad ha habido allí también un incumplimiento del consorcio que no obtuvo el cierre financiero y por lo tanto no necesariamente allí hay una indemnización eso es un tema arbitral que evaluará la posición del Perú en su momento, sumado ahora el tema anticorrupción sin ninguna duda.
¿Qué pasa con los activos del consorcio, muchos de los cuales están enterrados?
Ahora hay unos activos que han quedado de ese proyecto y que en su momento tendrá que definirse si esos activos pueden ser utilizados dentro del nuevo proyecto que, si estamos haciendo el mismo tramo y que ha sido construido, habría que ver si pueden ser aplicados a este nuevo proyecto sin perjuicio de esos procesos judiciales o arbitrales de esos procesos que se estén siguiendo. Esos activos que habría que evaluar cuál es el mecanismo legal, si es que pueden ser aprovechados.
¿Qué se va a hacer desde el Ejecutivo para atender la situación de sabotajes que sufre el Oleoducto Norperuano?
Acá tenemos que tener una visión integral de la solución. Por un lado es sancionar a quienes resulten responsables, que sean identificados de estos cortes del ducto y por otro lado como Estado, atender las necesidades de estas poblaciones para mejorar su calidad de vida. Y otro plano de intervención es que la propia empresa Petroperú pueda darle la seguridad a la población de que el ONP está en niveles adecuados de operación, que está con los cuidados y estándares que se necesitan para garantizar que a futuro, no me refiero a sabotajes, sino a accidentes que se han generado en el pasado. Le hemos pedido a Petroperú un planteamiento de mejora integral de la operación del ONP y estamos a la espera de que lo haga. Esperamos también hacer todo este fortalecimiento sobre todo en sus estándares operativos.
¿Por qué es Southern quien comunica que se les concedió la licencia de construcción del proyecto Tía María y no el Estado?
Lo que nosotros debemos hacer es ceñirnos al marco legal, y eso es un procedimiento seguido con la empresa que es el administrado, a quien le tenemos que informar del resultado de ese proceso administrativo que se ha seguido y no es usual que concluído un proceso administrativo comencemos nosotros a informar o a enviar la resolución o el resultado de ese proceso a los distintos actores. De hecho que la empresa ha actuado de acuerdo a sus normas, al ser una empresa listado, y luego que ellos han salido a anunciar nosotros hemos podido también salir a aclarar y a precisar las dudas que se han generado. No obstante el Minem, con total transparencia, estamos dispuestos a mostrar el proceso seguido ya habiendo concluído el procedimiento a solicitud de la autoridad que considere conveniente, puede pedir la copia y revisar al información; pero tenemos que señirnos a un marco legal porque después podríamos ser cuestionados.
Tratándose de un proyecto tan sensible, ¿No pudo analizarse excepcionalmente anunciarlo primero ustedes a la población?
Fíjese, lo consulté como representante político del sector pero la respuesta fue una respuesta legal, formal.
¿Cómo lograr diálogo con una licencia concedida antes de cerrar al 100% la licencia social?
El Gobierno o el Estado no ha estado participando en estos espacios entre la empresa y la comunidad, ha estado ausente y allí tenemos por lo menos tres temas que tenemos que atender de manera muy importante. Lo primero es promover el diálogo y siempre estar presentes en estos espacios.
Lo segundo es, en su momento, realmente exigir y estar encima de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones. Ha pasado que hay situaciones donde la empresa pues no tiene un buen desempeño en cuidado ambiental y en las relaciones con las comunidades y el Estado no ha estado presente salvo pues algunas sanciones administrativas, económicas que no necesariamente son efectivas. Nosotros como Gobierno estamos planteando un rol mucho más activo, estar presente incluso en el valle y en la provincia, hemos constituido un comité en Arequipa, uno en Moquegua y bueno en otras regiones que es el comité de gestión Minero energético y lo que busca este comité es tener incluso un presidente de la región, un ciudadano notable de la región, que pueda velar porque las actividades de las distintas empresas no solo de Southern, estén realmente cumpliendo sus obligaciones, articulando con los otros sectores del ejecutivo en velar porque se cumplan.
Y, lo tercero, es la parte de hacer esta conexión entre el aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro país y la generación de bienestar a la población donde se ubica y se aprovechan esos recursos porque pasa que no hay esta equivalencia entre el beneficio económico a favor del país y el que las poblaciones reciben.
Siendo Tía María un tema tan espinoso y tan transversal ¿cuál es el primer gesto político que está tomando el Gobierno, Viajará el presidente Vizcarra al valle del Tambo, irá usted con él?
Todo lo que sea necesario para implementar este diálogo y escuchar las partes. Vamos a hacer todo el esfuerzo para eso, todo lo que se necesite para eso. Sin duda, que en este momento, tenemos parte de nuestros equipos buscando reconectar estos puentes porque hemos venido conversando y reuniéndonos con los alcaldes de Islay, también evidentemente yo me he reunido con el gobernador de Arequipa. Siempre les he dicho con mucha claridad que nosotros tenemos que cumplir con un marco normativo y hay un procedimiento administrativo que como Estado, como gobierno, como sector Energía y Minas no podemos obviar, tenemos que cumplir. Y también tenemos que actuar con esa responsabilidad de cumplir las normas y también ser responsables que nosotros, nuevamente como Estado y como país que tiene esta riqueza natural aprovecharla de manera responsable y sostenible.
¿Qué entidad pública supervisará que no se incumpla lo acordado?
En la Dirección general de Minería, tenemos una oficina de gestión social, pero la otra parte corresponde a OEFA. Es importante decir hoy día que el MINEM otorga las autorizaciones pero por su lado, el Minam y la OEFA son los que fiscalizan el cumplimiento ambiental y también los compromisos sociales que estén en el EIA.
El anuncio de la licencia a Tía María, ¿Impacta de manera positiva o negativa en los mercados?
Es una noticia y una autorización que ha tenido un impacto positivo porque se está haciendo respetar el marco normativo, el estado de derecho, las normas vigentes, se respetan y esa es la señal positiva. Por otro lado, la señal positiva también es la promoción de diálogo y el impulso de diálogo que hace el gobierno. Eso es una señal positiva porque esa la manera como podemos llevar adelante los proyectos en nuestro país y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años y es lo que nos permite tener una cartera de proyectos para los próximos años que se puedan ejecutar.
Se busca la interpelación a su persona, ¿Qué le respondería a quienes buscan ello?
Entiendo que hay un requerimiento de información que el Congreso o algunos congresistas han expresado, con mucho gusto voy a atender esa información que se necesita. También he mencionado que el ministerio como siempre y con toda la transparencia, está dispuesto a mostrar todo el proceso que ya concluyó. Pero sí invocar a actuar con responsabilidad porque lo que nosotros hemos hecho es aplicar un marco legal pero no nos hemos quedado solo en ello, hemos impulsado también el que la empresa asuma un compromiso de diálogo antes de la implementación, entonces ¿cuál podría ser el cuestionamiento? Si uno está aplicando la ley y también está justamente atendiendo esta preocupación social que existe en algunos ciudadanos en el valle.