Pacientes con cáncer de mama alertan retrasos de hasta un año en acceso a tratamientos: “La enfermedad avanza”

El cáncer de mama continúa entre las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres peruanas. En 2025 se registraron 2.279 fallecimientos y, en lo que va de este año, la cifra asciende a 836. Pese a los avances médicos disponibles, pacientes y organizaciones advierten que el sistema público aún enfrenta dificultades para garantizar diagnósticos oportunos y acceso a tratamientos especializados.

La preocupación es mayor en los casos de cáncer de mama HER2 positivo, una de las variantes más agresivas de la enfermedad. Según la Asociación Palpa Mama, hasta siete de cada 10 mujeres mantienen enfermedad residual después del tratamiento inicial, condición que eleva significativamente el riesgo de recaída.

Aunque existe una terapia adicional para reducir ese riesgo, las pacientes que dependen del sistema público todavía no pueden acceder a ella.

La presidenta de la Asociación Palpa Mama, Tatiana Balbuena, cuestionó la lenta incorporación de tratamientos para cáncer de mama temprano en el sistema estatal.

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“De los siete tratamientos que han sido evaluados por el sistema público para cáncer de mama temprano, solo uno ha sido aprobado”, afirmó a La República.

Uno de los casos pendientes corresponde al trastuzumab emtansina, tratamiento dirigido a pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que, tras completar la terapia inicial, aún presentan enfermedad residual. El medicamento busca disminuir el riesgo de recaída y aumentar las probabilidades de supervivencia.

Balbuena indicó que organizaciones de pacientes participaron recientemente en el proceso de evaluación del valor social de esta terapia, que ya forma parte de la atención pública en países como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

Sin embargo, en Perú la decisión sigue pendiente. Según la información recogida por la asociación, algunas evaluaciones permanecen sin resolución desde hace cerca de un año, pese a que el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer establece un plazo máximo de 45 días hábiles para estos procedimientos.

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Demoras que agravan la enfermedad

Para las organizaciones de pacientes, la demora en la aprobación de tratamientos tiene consecuencias directas en la evolución de la enfermedad.

Balbuena explicó que algunas mujeres completan la quimioterapia, la cirugía y la primera línea de tratamiento, pero los exámenes posteriores detectan enfermedad residual. En esos casos, necesitan una terapia distinta a la usada inicialmente.

“Ese proceso demora un montón y la enfermedad avanza”, sostuvo. La representante advirtió que la falta de acceso oportuno puede reducir las posibilidades de curación. “La enfermedad avanza. Avanza, se vuelve metastásica y ya la persona no tiene posibilidades de curarse”, señaló.

La incertidumbre también golpea la salud mental de las pacientes. El temor a una recaída y la falta de certeza sobre la continuidad del tratamiento afectan tanto a las mujeres diagnosticadas como a sus familias.

A ello se suma el impacto económico. Muchas pacientes interrumpen estudios o actividades laborales durante el tratamiento, mientras familiares cercanos asumen labores permanentes de cuidado.

Brecha entre pacientes

Las asociaciones también cuestionan la diferencia entre quienes pueden atenderse en clínicas privadas y quienes dependen exclusivamente del Estado.

Mientras algunas terapias ya se utilizan en centros privados del país, las pacientes del sistema público siguen sujetas a evaluaciones y aprobaciones administrativas.

“Si acá han sido aprobados tratamientos para el cáncer que ya se usan en el sistema de salud privado, ¿por qué no se pueden usar en el público?”, cuestionó Balbuena.

A juicio de la dirigente, esa brecha limita las oportunidades de tratamiento de miles de mujeres y profundiza la inequidad en la atención oncológica.

Diagnóstico insuficiente

Las dificultades no terminan en el acceso a medicamentos. Las organizaciones advierten que el país tampoco cuenta con suficiente capacidad para garantizar diagnósticos oportunos.

Balbuena señaló que alrededor de cinco millones de mujeres se encuentran en el grupo de edad recomendado para realizarse mamografías periódicas. Sin embargo, la disponibilidad de equipos especializados sigue siendo limitada.

Como alertó La República en mayo, el sistema público peruano cuenta con apenas 107 mamógrafos operativos: 72 en el Ministerio de Salud y 35 en EsSalud.

La representante agregó que varios equipos presentan fallas o permanecen fuera de servicio. En otros establecimientos, dijo, existen mamógrafos, pero no personal capacitado para operarlos.

Las dificultades para conseguir citas, acceder a exámenes y recibir resultados retrasan la detección de la enfermedad, un factor clave para mejorar el pronóstico de las pacientes.

Regiones sin atención suficiente

La situación es más grave fuera de Lima. Según la Asociación Palpa Mama, muchas regiones carecen de infraestructura, especialistas y recursos suficientes para atender la demanda oncológica.

Como consecuencia, numerosas pacientes deben trasladarse a la capital o a otras ciudades para acceder a consultas, exámenes y tratamientos.

“La gente se tiene que movilizar a Lima. Y acá se satura y tampoco hay”, indicó Balbuena.

La dirigente recordó que la Ley Nacional del Cáncer (Ley 31336) contempla la creación de una red nacional de atención oncológica y la descentralización de los servicios especializados. Sin embargo, advirtió que esos avances aún no se reflejan plenamente en la atención que reciben las pacientes.

Para las organizaciones, fortalecer la prevención, ampliar la capacidad diagnóstica y agilizar el acceso a tratamientos innovadores es una necesidad urgente. Detectar el cáncer en etapas tempranas mejora las probabilidades de supervivencia y reduce los costos que asume el sistema de salud cuando la enfermedad se diagnostica en fases avanzadas.