Falleció vigilante atropellado en Trujillo: ¿Por qué conductora no está presa? Esto dijo fiscal
Vocero explicó por qué no se solicitó prisión preventiva para Maricsa Alfaro (32), quien manejaba ebria y con licencia vencida. Además, señaló que acusación por lesiones culposas podría variar.
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El vigilante Juan Martínez Torres (54), quien fue embestido por una camioneta frente a una vivienda en el sector El Golf, distrito de Víctor Larco, en Trujillo, falleció el 8 de mayo tras permanecer cinco días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén.
Tras confirmarse su deceso, muchos usuarios en redes sociales se preguntan qué pasará con Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), la mujer que conducía el vehículo en estado de ebriedad y con licencia vencida. Al respecto, el Ministerio Público se pronunció para aclarar por qué no se pidió prisión preventiva para la implicada y si su situación podría variar tras confirmarse la muerte de la víctima.
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Fiscalía explica la decisión
El fiscal provincial de La Libertad, Joan Valladares Correa, señaló en RPP que a Alfaro se le acusó por el delito de lesiones culposas, cuya pena prevista es de entre 4 y 6 años de prisión efectiva. En ese sentido, afirmó que no podían solicitar prisión preventiva, ya que la norma procesal para pedir esa medida exige que la pena mínima sea de 5 años.
Asimismo, indicó que el plazo mínimo de cinco años se debe a una modificación hecha por el Parlamento, ya que antes de 2023 la normativa solo requería cuatro años de pena mínima para pedir prisión preventiva. “El Congreso elevó esa valla”, afirmó el 6 de mayo.
El caso está en la vía judicial
Maricsa Alfaro tiene comparecencia con restricciones, una medida impuesta por el Poder Judicial que, según el fiscal Valladares, también resguarda la presencia de la imputada en el proceso.
El representante del Ministerio Público agregó que, entre 15 días y un mes, el órgano judicial tendrá que convocar nuevamente a una audiencia para tratar el fondo del caso por la acusación de lesiones culposas, que establece una pena de 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad. No obstante, adelantó que si la víctima llegaba a fallecer —como acaba de ocurrir—, la tipificación del delito podría variar.
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