Gobierno no cumpliría con la ayuda prometida para hijos de transportistas huérfanos por extorsión

Desde agosto de 2024 hasta noviembre de 2025, la violencia vinculada a la extorsión y los ataques criminales contra el sector transporte ha dejado un saldo devastador: 69 choferes y cinco cobradores fallecidos, según cifras del Ministerio Público. Detrás de estos números hay historias de padres de familia asesinados en pleno ejercicio de su trabajo y decenas de menores que han quedado en situación de orfandad, enfrentando no solo la pérdida de un ser querido, sino también una profunda precariedad económica y emocional, pues estos eran el sustento de sus hogares.

Tras estos hechos, el Gobierno de José Jerí, en octubre del 2025, anunció públicamente que brindaría apoyo económico y psicológico a los hijos de las víctimas. Sin embargo, la realidad para muchas familias afectadas dista de lo prometido. La falta de un registro completo, la dispersión de responsabilidades entre sectores y la ausencia de una estrategia clara han generado cuestionamientos por parte de gremios y afectados.

Gobierno no contaría con la lista completa de los afectados

Voceros del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) reconocieron, en declaraciones al programa Punto Final, que el Estado no contaría con una lista completa de los menores que quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes. Según precisaron, hasta el momento solo se ha logrado identificar a 40 menores afectados, cifra que no considera a otros posibles involucrados, como hijos de cobradores, ni a familias de pasajeros que también perdieron la vida en atentados relacionados con la criminalidad.

Con la información limitada de la que disponían iniciaron la búsqueda de algunos de estos menores; no obstante, la falta de un empadronamiento oficial y sistemático ha dificultado el acceso oportuno a los beneficios anunciados. Esta situación ha dejado a varias familias fuera de cualquier tipo de asistencia estatal.

Cabe recordar que en octubre de 2025 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció un subsidio económico de aproximadamente S/ 400 mensuales para los menores huérfanos, el cual debía otorgarse hasta que alcancen la mayoría de edad. Este apoyo tenía como objetivo aliviar, al menos parcialmente, el impacto económico derivado de la pérdida del principal sostén del hogar. Sin embargo, diversos gremios de transportistas han señalado que dicho beneficio no se ha cumplido en su totalidad.

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Transportistas exigen que la medida se cumpla

El vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacionales (ASOTRANI), Walter Carrera, cuestionó abiertamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. Según explicó, en una reciente reunión sostenida en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la viceministra de la Mujer señaló que las familias afectadas ya venían recibiendo ayuda económica, becas educativas y atención psicológica a través de distintos programas sociales. No obstante, Carrera precisó que esos apoyos corresponden a un marco normativo distinto y no reemplazan el compromiso específico anunciado mediante una ley meses atrás.

En ese sentido, indicó que los gremios han exigido al Gobierno que cumpla con lo prometido y advirtió que, de no concretarse el subsidio en los términos anunciados, podrían evaluarse medidas de protesta, como un paro del sector. Aclaró que se trata de una advertencia y no de una amenaza, motivada por la frustración acumulada entre los transportistas y sus familias.

Carrera también cuestionó el monto del subsidio anunciado, al considerarlo insuficiente frente a la gravedad de la situación. “Yo creo que el Gobierno debe ser más responsable en ese tema, porque deberían brindarnos seguridad. Y ante esa situación de las muertes, los accidentes y la inseguridad ciudadana, obviamente que debe ser un sueldo mínimo”, señaló, remarcando que muchas de estas familias han quedado sin ingresos estables.

Respecto a la falta de empadronamiento, el dirigente reconoció que los gremios de transportistas no cuentan con una lista completa y detallada de las víctimas, debido a limitaciones logísticas y a la informalidad que persiste en el sector. Sin embargo, sostuvo que esa tarea debe ser asumida de manera obligatoria por el Estado. En ese marco, exigió que el Ministerio de la Mujer realice un empadronamiento oficial que incluya no solo a los menores huérfanos, sino también a viudas y a personas que sobrevivieron a los atentados.

Desde el ámbito policial, el general de la PNP Víctor Revoredo afirmó que se viene trabajando de manera constante para desarticular a las bandas delincuenciales responsables de estos crímenes. Según indicó, recientemente se ha registrado una reducción en los casos de extorsión y ataques, como resultado de un plan estratégico que se encuentra en ejecución.

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Falta de inteligencia policial y de efectivos

No obstante, una visión más crítica fue expuesta por el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien sostuvo que el incremento sostenido de la extorsión es consecuencia directa de la falta de un plan integral y coherente por parte de las autoridades. Pedraza señaló que las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes, debido a deficiencias en logística, recursos y, sobre todo, en inteligencia policial.

El exministro explicó que sin un verdadero sistema de inteligencia que permita identificar, infiltrar y desarticular a las organizaciones criminales, cualquier esfuerzo operativo termina siendo reactivo y de corto plazo. A ello se suma, según indicó, la insuficiente cantidad de efectivos policiales, lo que impide brindar protección adecuada a sectores altamente expuestos, como el transporte público. Para Pedraza, mientras no se aborde el problema de manera estructural, la violencia continuará cobrando víctimas y generando consecuencias sociales que el Estado no logra atender oportunamente.

En medio de este escenario, las familias afectadas esperan que en los próximos meses se cumplan las normas anunciadas y se concrete la ayuda prometida. La mayoría de ellas carece de solvencia económica suficiente para afrontar la pérdida de su principal sustento, por lo que demandan no solo apoyo financiero, sino también una respuesta estatal más firme frente a la inseguridad que sigue golpeando al país.

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