Sociedad

Minería ilegal avanza en Huánuco: defensores del ACP Panguana reciben amenazas de muerte pese a medidas de protección

A pesar de los operativos de la Policía y la Marina, la deforestación avanza, con un alarmante aumento de hectáreas impactadas por la minería ilegal en la región, que triplicó su extensión en un año.

El Observatorio de Minería Ilegal alerta sobre un aumento en la deforestación, que se ha triplicado en un año, representando una grave amenaza para los ecosistemas como el río Yuyapichis.
El Observatorio de Minería Ilegal alerta sobre un aumento en la deforestación, que se ha triplicado en un año, representando una grave amenaza para los ecosistemas como el río Yuyapichis. | ACP Panguana

El Área de Conservación Privada Panguana ha sido tomada por la minería ilegal. Así lo confirman defensores de la zona, cuyos nombres no revelaremos para proteger su identidad. Según relataron a La República, quienes se dedican a esta actividad extractiva, apoyados por comunidades de Pampa Verde, los han amenazado de muerte por oponerse a la destrucción del área, que comprende 700 hectáreas y se ubica en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en la región Huánuco, provincia de Puerto Inca, a orillas del río Yuyapichis.

“Unas 30 a 40 personas aperturaron una carretera ilegal, con maquinaria incluida. Nos opusimos, pero nos hicieron frente con machetes, palos e insultos, exigiéndonos que nos retiremos”, detalla una fuente, a la que llamaremos Miguel, que asistió en julio a un encuentro entre comuneros de la zona, específicamente en Tahuantinsuyo (Huánuco), con el fin de exponer la problemática de la deforestación de los bosques a causa de la minería ilegal.

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Meses después, debido al alcance mediático del problema y a la difusión de investigaciones periodísticas que alertaban sobre la situación, la Marina, la Policía y la Fiscalía iniciaron acciones de interdicción en la zona. No obstante, la destrucción de varias hectáreas de bosques naturales da cuenta de que los operativos encabezados por las autoridades no han logrado un cambio real ni efectivo para cesar las operaciones mineras. Prueba de ello es la amenaza de muerte que uno de los guardaparques recibió en octubre de este año. “Querían ponerle precio a su cabeza, pero eso se quedó en rumores”, relató Miguel.

A pesar de las acciones de la Policía y la Marina, los operativos no han logrado detener la minería en la zona, donde se reportan amenazas y un clima de violencia contra quienes se oponen a esta actividad.

A pesar de las acciones de la Policía y la Marina, los operativos no han logrado detener la minería en la zona, donde se reportan amenazas y un clima de violencia contra quienes se oponen a esta actividad.

Garantías de vida no aseguran protección de los defensores en Huánuco

Debido a este contexto, en agosto cinco defensores solicitaron medidas de protección; sin embargo, no fue hasta octubre —cuando desconocidos ingresaron a tiros a la zona— que la Policía Nacional del Perú (PNP) inició diligencias para combatir a las mafias que operan en el área.

“Luego nos enteramos de que los propios mineros facilitaron el ingreso de las autoridades a la zona”, relata Miguel. En paralelo, añade que, por esos días, se comenzaron a difundir amenazas contra cualquiera que se opusiera a la actividad extractiva. Esta información les fue transmitida por trabajadores de algunos negocios del área, señala.

“Ya habíamos recibido amenazas antes, pero después nos dijeron que habrían contratado sicarios para matar a los de Panguana. Incluso esa información llegó a conocimiento de los propios fiscales: se hablaba de pagos de hasta 50.000 soles por persona”, relata.

Huánuco se convierte en nuevo foco crítico de minería ilegal

A través de un comunicado, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) también ha alertado sobre las amenazas que viene sufriendo el personal que trabaja en el ACP. En el pronunciamiento, la organización exhorta a las autoridades a “adoptar medidas inmediatas y efectivas de protección para las personas defensoras, así como a desarticular las estructuras criminales que operan en el distrito de Yuyapichis y que han generado un entorno de violencia y presión contra la población local”.

Según indican, la minería ilegal de oro está presente en nueve regiones del Perú y afecta a 73 comunidades nativas, así como a más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada por la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía alcanza las 139.169 hectáreas, con Madre de Dios como epicentro del impacto (97,5 % del total), seguida a gran distancia por Huánuco y Loreto, que concentran el 2,5 % restante de la superficie deforestada.

En Huánuco, además, se ha identificado un nuevo foco crítico: la deforestación asociada a la minería ilegal se triplicó en solo un año, al pasar de 558 hectáreas en 2024 a 1.700 hectáreas en 2025. Entre los ecosistemas más afectados se encuentran ríos como el Yuyapichis.

Al respecto, se advierte que esta zona podría volverse inmanejable, como ocurre actualmente en Madre de Dios. “Madre de Dios es casi una zona liberada, especialmente en el sector de La Pampa. No queremos que Yuyapichis se convierta en eso. En el Perú hay diez o doce lugares potenciales que podrían terminar en una situación similar”, explicó Frank Almanza, fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental.

Pueblo kakataibo en riesgo por presencia de metales pesados

Un estudio realizado en marzo confirmó que el agua que consume la comunidad nativa kakataibo de Unipacuyacu, en el distrito de Codo del Pozuzo (Huánuco), está contaminada con niveles de hierro por encima de lo permitido, y existe preocupación por la posible presencia de otros metales pesados, como arsénico, cadmio o plomo. Esta contaminación afecta a los ríos que atraviesan su territorio —Santa Martha, Pacuyacu y Sungaroyacu— y está asociada a actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal.

Los líderes de la comunidad alertan sobre problemas de salud crecientes, como enfermedades de la piel, diarreas e inflamación, y señalan que las autoridades aún no han realizado evaluaciones toxicológicas completas ni campañas de salud apropiadas. A pesar de los informes técnicos existentes desde meses atrás, la información sobre los riesgos no se divulgó oportunamente, dejando a la población sin claridad sobre las consecuencias de consumir agua contaminada.

larepublica.pe

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