Minería ilegal que involucra al Tren de Aragua y las Farc se usa en campañas electorales

Luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, en una sesión sin debate amplio, la vocera del Observatorio de Minería Ilegal y ex fiscal de materia ambiental, Karina Garay Tapia, salió al frente de esta decisión e indicó que “en campañas electorales no es ajeno que se ofrezca legalizar grupos ilegales para conseguir votos”.

También manifestó que aún no se escuchó a ninguno de los candidatos -especialmente a los que postulan al senado y a la cámara de diputados- señalar cuáles son sus estrategias concretas frente a la lucha contra la minería ilegal.

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Además, alertó que la minería ilegal se convirtió en un problema transnacional con presencia en el país de organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua y las FARC.

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Garay indica que el efecto más grande que puede tener esta ampliación es que continuamos con 10 años de Reinfo, que solo genera impunidad, es decir todos aquellos mineros que se encuentran en ese registro tienen ese privilegio de no ser sancionados ni penal ni administrativamente, justo por el solo hecho de estar inscritos y sabemos perfectamente que la mayoría de ellos no están cumpliendo con sus requisitos, específicamente con aquellas garantías ambientales, de salud, sociales y de trabajo para todas  los mineros que realizan esa actividad.

Para Garay “eso es grave porque hemos visto que en los últimos años en nuestro país ha ido creciendo, pero no de una manera ordenada, no de una manera formal como debería ser sino todo lo contrario”.

A ello, dice, se ha inmiscuido la minería ilegal que trae consigo el crimen organizado, que trae afectación al medio ambiente y el abuso a la labor de las personas.

¿Tenemos capacidad de fiscalizar en el Estado?

No, manifiesta la exfiscal en la plataforma de comunicación virtual Red de Comunicación Regional (RCR).

Y agrega: Y eso es lo que más preocupa porque si en todos estos años no se ha avanzado el proceso de formalización minera es por la falta de capacidad logística y de personal que no cuentan los gobiernos regionales que son los encargados de fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal y también un gobierno nacional que está encargado de este proceso de formalización minera.

“Entonces, si no tenemos esa garantía, de nada sirve aumentar un año. Sí, es cierto, era peor que se pretenda afectar, como un inicio propuso la comisión de energía y minas, que era extender este proceso por dos años e inclusive reincorporar a mineros que habían sido retirados de este registro justamente por ese incumplimiento”.

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Garay considera que falta decisión política, pues solo el 2% de mineros formales han logrado culminar este proceso.

¿Cuáles son los riesgos?

No es ajeno que justo en campañas electorales se ofrezcan a grupos ilegales legalizarlos por adquirir esos votos, y eso ha pasado en las últimas elecciones y de seguro también va a pasar en estas de dar ese beneficio o proponerlos ello, asegura la especialista.

“No hemos escuchado a los candidatos especialmente a los del senado y para diputados cuáles son sus estrategias frente la lucha contra la minería ilegal aun no escuchamos a ninguno de los, candidatos presidenciales. Por ahí alguien mencionó a la minería ilegal, pero de una manera sutil, esta lucha tiene que ir de la mano de muchos ejes pero no es la correcta”.

Karina Garay señala que “necesitamos que todos los candidatos puedan ver cuál es la estrategia justo contra esta actividad que cada vez está creciendo más y que está poniendo en riesgo a nuestro a país porque ya no se trata solamente de esa deforestación, de esa afectación al medio ambiente, sino se trata justamente de que está poniendo en riesgo nuestra seguridad”.

Las ciudades –afirma- están llenas de índices de criminalidad que se están generando por esas peleas por el mineral, esa pelea por tener ese oro, especialmente que conlleva a organizaciones criminales, y además que es un delito transnacional, están ingresando a nuestro país organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua o las Farc que están controlando esta actividad de la minería.

Entonces “todos los candidatos antes de pensar en sus arreglos con las organizaciones mineras para solo beneficiarlos económicamente tienen que pensar también en cuál es el riesgo que se siga manteniendo una actividad económica sin ningún control y que nos está afectando a todos”.

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Karina Garay asegura que la ampliación del Reinfo solo “fortalece a organizaciones criminales extranjeras y consolida el fracaso de 23 años que ha destruido la Amazonía e incrementado la criminalidad”.

“La minería ilegal es una actividad ilícita transfronteriza, porque ese mineral que se extrae ilegalmente, está saliendo por nuestras fronteras. Y ahí es que se generan organizaciones criminales que extraen los minerales, sea oro o sea el cobre”, dijo a La República.

Enfatizó que la minería ilegal está poniendo en riesgo a las inversiones mineras formales. “Los mineros formales se sienten decepcionados, porque quieren hacer las cosas bien y pueden abandonar el proceso de formalización minera. No hay equidad, no hay una igualdad y tampoco una promoción que debe dar el Estado a estos mineros que sí quieren hacer las cosas bien, a familias de mineros que están haciendo las cosas muy bien”, subrayó.