Siguen las muertes maternas en menores de edad: Más de 120 casos en los últimos 7 años

Las muertes maternas en menores de edad continúan y el Estado no hace los esfuerzos por detenerlas.  En los últimos seis años se registraron 122 muertes maternas en menores de 17 años (entre 2019 y 2024). Y en lo que va del año, hasta agosto, se han reportado ocho fallecimientos de madres adolescentes, según cifras del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud.

La mayoría de ellas en regiones de la selva, donde se reporta un alto grado de violencia sexual hacia menores de edad. Según la data del Minsa, Loreto, Pasco, Ucayali, Amazonas, La Libertad son las que registran un mayor número de fallecimientos de menores de 12 a 17 años entre el 2020 y 2024. Precisamente, estos hechos se dan en zonas rurales donde no hay acceso a la salud, se les niega la atención prenatal y su derecho al aborto terapéutico.

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En menores gestantes, hay más riesgo que se presenten trastornos hipertensivos y hemorragias obstétricas durante el parto, que suelen ser causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casos de fallecimiento

En el caserío de Piruro, distrito de Panao (Pachitea), región Huánuco, una niña de 13 años perdió la vida luego de dar a luz a su bebé en las peores condiciones, el pasado 1 de agosto. La menor había sido víctima de abusos sexuales y por miedo no buscó ayuda.

La madre contó que la niña dio a luz en su vivienda, cerca de las 8:30 p. m., y dos horas después quedó inconsciente y falleció. El cuerpo fue llevado a la morgue de Huánuco para las investigaciones que correspondan.

La menor había ocultado su embarazo a su círculo más cercano, pero fue un docente que comunicó el caso al establecimiento de salud de Piruro. Fue así que la niña inició sus controles prenatales cuando tenía 32 semanas de gestación (8 meses).

Según Gustavo Barrera Sulca, director regional de salud de Huánuco, la menor fue trasladada a una casa de espera donde debía recibir los cuidados por tener un embarazo de alto riesgo, pero huyó. Sin embargo, estos centros, que son monitoreados por el municipio, no tienen las condiciones para que una gestante se quede hasta dar a luz.

“Ella no debió ir a una casa de espera sino a un albergue, la paciente se fugó, se fue de la región, se fue a Pichanaqui y luego a Piruro donde se produce el parto. Lamentablemente, la paciente murió, era una paciente con complicaciones”, dijo a La República.

Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo este hecho revela no solo una grave situación de violencia sexual, sino también múltiples fallas del sistema de protección del Estado, como es el caso del Ministerio Público que no habría actuado con la diligencia pese a tener conocimiento del caso desde junio, cuando personal del puesto de salud de Huarapatay, de la Red de Salud Pachitea, notificó que estaban atendiendo a una gestante de 13 años.

Otro caso que casi termina en desgracia es el de una menor de 13 años que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras dar a luz en el hospital en Ucayali.

Ella fue violada desde los 9 años por Hermes Gutapaña Gómez (42) quien era de su círculo familiar. El sujeto aprovechaba que la menor se quedaba sola en su vivienda, mientras sus padres salían a trabajar, en el centro poblado José Olaya, en la provincia de Loreto, región Ucayali.

Como resultado de esto, la menor salió embarazada. A ella se le negó el aborto terapéutico en Contamaná, no se le informó de sus derechos y mantuvo su embarazo.

Y nuevamente, la mala respuesta del Estado terminó revictimizando a la menor: la Policía demoró en tomar la denuncia y el fiscal a cargo del caso la juzgó y humilló. “El fiscal dijo ‘a ella no la han forzado, si fuese víctima no estaría tranquila, no llora, no sufre. Y además ha sido suficiente mujer para tener relaciones con alguien mayor, no se va a solicitar nada’”, contó Carla, tía de la menor.

La niña había aprendido a callar su dolor. “Ella estaba como una zombie, no exteriorizaba su dolor, no sonreía , no lloraba. A veces tenía una mirada de cólera, de ira”, dijo Carla.

Al momento de dar a luz, la menor tuvo complicaciones y terminó en UCI. Tenía preclamsia. La víctima ahora tiene entre sus brazos a su bebé; sin haber sanado sus heridas internas. Una niña cuidando a otra niña. El Poder Judicial dictó prisión preventiva para el violador, pero él sigue libre en las calles.

Sin acceso a servicios de salud

En zonas rurales, las niñas abusadas están destinadas a llevar un embarazo no deseado o terminan muertas, ya que no cuentan con una atención oportuna en su salud.

Al respecto, el exministro de Salud, Víctor Zamora, señala que a las adolescentes se les niega una educación sexual, además se les niega el acceso a los servicios de salud. No se les informa que tienen derecho al aborto terapéutico y cuando quieren ejercerlo les ponen trabas por prejuicios y miedo. “Una de las consecuencias, además de las médicas, es el deterioro rapidísimo de su salud mental. La depresión y finalmente el suicidio”, anota.

Agrega que el Ministerio de Salud está pecando de omisión porque tiene que proveer de servicios y entrenar a su personal sanitario, hacerles conocer la norma para saber cómo abordar y no discriminar a estas pacientes. “Si en un mismo pueblo una señora de 30 años que está embarazada no muere en el parto, es porque el sistema está preparado para recibirla. Entonces ¿por qué una niña de 13 años sí muere? ¿Por qué? porque esos mismos médicos están paralizados, no saben qué hacer”, sostiene.

Aborto por violación es criminalizado

Susana Chávez, de la ONG Promsex, señala que ninguna niña debería sufrir violencia sexual y quienes son víctimas no deberían morir en un parto ni en el embarazo. Pero lamentablemente no son atendidas y dan a luz en sus casas o acuden a lugares inseguros para un aborto.

“Cuando una niña se embaraza, uno tiene que comprender que necesita el aborto terapéutico, pero también necesita una intervención. Y ahí hay un problema muy grave porque el Estado, particularmente los establecimientos de salud, son pocos los que atienden a las niñas con gestación”. Esto también incluye a los de la seguridad social. Y no hay personal multidisciplinario entrenado para dar el soporte que se requiere para reducir los impactos del daño, incluyendo el psicológico.

“Y es más, el aborto por violación sexual y por malformaciones congénitas sigue siendo criminalizado en el país. Esto a pesar que la ley reconoce que el aborto sí tiene que darse en casos de riesgo o daño a la salud. Esa es la incoherencia que hay y que se niegan a debatir en el Congreso”, señala Chávez.

“Si vas al médico y te diagnostica que tienes una malformación grave, incompatible con la vida, esa no es una razón para que tú accedas al aborto, pero cuando esa malformación te produce angustia, como le podría producir a cualquier mujer que sabe que lleva un embarazo, que le genera daños, o sea, imagínate que te digan: ¿sabe qué señora? usted está embarazada, pero ese feto no va a sobrevivir al nacimiento ¿cuál es el impacto que eso puede tener sobre tu salud mental? Es muy duro”, explica.

Falta educación sexual

Para la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Gloria Moreno, es necesaria la educación sexual en las instituciones educativas y las obstetras pueden ayudar a brindar esa información.

“El poder tener a un profesional que pueda dar esa información especializada y no dogmatizada, es una oportunidad para nosotros. Con información científica podemos generar la abstención del inicio de las relaciones sexuales, promover que ellas (las menores) conozcan su cuerpo, que puedan, por ejemplo, no tener miedo a hablar de este tipo de temas con sus padres. Porque a veces, por el temor a la reacción de los padres, ellas ocultan el inicio de las relaciones sexuales y eso conlleva a que no usen los métodos, a que luego se embaracen, estén en riesgo y frustren sus proyectos de vida”.

En la provincia de Pachitea hay 55 adolescentes embarazadas que están siendo monitoreadas por el sector salud de Huánuco. En localidades alejadas el riesgo de embarazo adolescente es permanente porque hay factores sociales que son complejos como la falta de educación sexual, de acceso a la justicia y la pobreza. Hay niñas de 12 años que ya conviven con una pareja a pesar que no tienen la madurez física ni psicológica, explica el jefe de la Diresa de Huánuco, Gustavo Barrera. En ese sentido, remarca que es necesario un trabajo multisectorial con los ministerios de la Mujer, Educación, Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Policía Nacional para evitar este tipo de situaciones.

Es el Estado que debe velar por las niñas, pues las muertes maternas son prevenibles. Y son sus instituciones las que tienen el deber de garantizar su acceso a la salud y la justicia.

Los casos de niñas abusadas y discriminadas no deben repetirse. Hagamos algo.