El negocio de la informalidad: 25.000 vehículos que fueron llevados al depósito siguen circulando en Lima y Callao

El transporte público en Perú es uno de los temas más controversiales y críticos para la ciudadanía. Las quejas sobre el tráfico, la antigüedad de los vehículos y, especialmente, la informalidad, son constantes y están directamente relacionadas con el aumento de accidentes y muertes en las vías. Según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (AVIACTRAN), 25 mil vehículos, que fueron llevados a depósitos tras infracciones, siguen circulando de manera informal en Lima y Callao, poniendo en riesgo a miles de usuarios.

Actualmente, en Lima Metropolitana existen 652 rutas autorizadas para transporte público, de las cuales 483 corresponden a Lima y 169 al Callao. En total, hay 464 empresas autorizadas en Lima y 139 en el Callao, de acuerdo con un informe de Pro Inversión. Estas cifras reflejan un sistema caótico y con muchas áreas por mejorar.

Para que un vehículo sea llevado a un depósito, debe haber infringido alguna norma, como prestar servicio sin autorización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que el conductor no cuente con el brevete adecuado, o que el vehículo tenga exceso de infracciones o se encuentre en mal estado.

PUEDES VER: Autopista Ramiro Prialé: tecnología obsoleta, falta de señalización y los serios desafíos que enfrenta

La informalidad que persiste tras la incautación

Sin embargo, el problema real radica en que, pese a estas medidas, 25 mil unidades informales (más conocidas como "cústers piratas") continúan circulando en Lima y Callao. Así lo señala Carlos Villegas, presidente de AVIACTRAN, quien destaca que estos vehículos han sido retirados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ATU, pero han vuelto a las calles tras ser subastados.

"Estos vehículos mantienen el mismo logo de la empresa formal a la que pertenecían", explica Villegas. "Tienen pintado el nombre y los colores porque fueron dados de baja año tras año por antigüedad o por exceso de papeletas. Cuando superan los 10 o 15 años, o tienen demasiadas multas, ya no pueden trabajar legalmente. Entonces la municipalidad remata esos vehículos, pero ellos trabajan paralelamente de manera informal".

El negocio oscuro detrás de las subastas

El proceso que permite que estos vehículos vuelvan a circular es legal pero cuestionado. Cuando uno es llevado a depósito por infracciones acumuladas, la SAT realizaría subastas para recuperar el dinero de las multas. El primer remate suele pedir un monto alto, generalmente muy elevado para las empresas, por lo que no tiene éxito. Luego se realizan dos subastas más, con precios decrecientes, hasta llegar a una tercera subasta de libre oferta, donde cualquiera puede pujar.

Es en esta última etapa donde actores vinculados al crimen organizado aprovechan para comprarlos a precios bajos, entre 3,000 y 5,000 soles, y los sacan a la calle sin realizar trámites ni contar con permisos. Posteriormente, contratan choferes informales para operar estas unidades, que continúan infringiendo normas y poniendo en riesgo la seguridad vial.

"Este es el peor error de las autoridades", señala Villegas. "Cuando ingresan estos vehículos y no son recuperados por los propietarios, los rematan y cualquiera los compra para trabajar ilegalmente." Carros que antes pertenecieron a reconocidas empresas como Etuchisa, Vipusa, El Anconero o El Rápido se pueden ver ahora en las calles funcionando sin control.

PUEDES VER: ATU evade responsabilidad de fatal accidente pese a haber autorizado tarjeta de circulación a empresa ‘Anconero’

El temor a denunciar y la impunidad

Villegas también denuncia que los dueños de las empresas formales no pueden denunciar esta situación por miedo a represalias. "Los propietarios no hacen nada porque son amenazados y extorsionados. Quienes compran estos vehículos en subastas suelen ser delincuentes, personas vinculadas al mal vivir," afirmó.

Esta realidad genera una sensación de impunidad y desprotección para las empresas legales, cuyos nombres son usados sin autorización, afectando su imagen y economía.

PUEDES VER: Congreso impulsa amnistía para choferes de combi mientras ‘Anconeros’ realizan piques ilegales con multas que exceden los S/ 10.000

El grave impacto en la seguridad vial

La informalidad y la antigüedad de estos vehículos piratas tienen consecuencias trágicas. Según Villegas, la empresa Nueva Estrella sola tiene alrededor de 300 unidades piratas, y multiplicando por todas las empresas de transporte en Lima y Callao, la cifra es alarmante.

Esto se refleja en las estadísticas de accidentes y muertes, que alcanzan más de 3,500 víctimas anuales en el país. "La cifra es grande y alarmante, y como algunos medios dicen, al Estado no le interesa que haya tantas muertes", lamenta el presidente de AVIACTRAN.

PUEDES VER: Perú recibe donación de US$2 millones del Banco Mundial para mejoras en el Metropolitano y otros tres sectores

Un sistema que busca su propio beneficio

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, coincide en que el sistema actual no es eficaz para sacar de circulación estos vehículos. Critica que las municipalidades y el sistema de sanciones parecen diseñados más para recaudar que para disuadir a los infractores.

"Cuando logras que el usuario no pueda pagar las multas que suman decenas de miles de soles, la unidad se remata. El primer remate es a precio alto, si no se vende, bajan el precio en el segundo, y finalmente hacen una subasta de libre oferta. Ahí se vende barato y cualquiera puede comprar," explica.

El exministro propone que, en lugar de revender estos vehículos para su uso informal, deberían ser desmantelados y vendidos a empresas de construcción para reciclar sus piezas. "Lo ideal es que se vendan a chatarrerías conocidas, para evitar que vuelvan a las calles," señala.

"Los municipios, buscando ingresos propios, aplican la subasta al mejor postor," añade Estremadoyro. "Mientras el Estado no cubra la demanda de transporte, la informalidad va a persistir, y los choferes informales incluso se avisan dónde hay operativos para evadirlos".

PUEDES VER: "Su partida nos duele tanto": chofer de la cúster que impactó contra el Metropolitano deja una menor en orfandad

Normas que rigen el transporte público deberían cambiar

Ambos expertos coinciden en que el cambio normativo es urgente. "La ley debe adaptarse a la realidad," señala Estremadoyro. "Si en la práctica la normativa es burlada, hay que modificarla. Estas subastas deberían ser directamente para chatarrerías, no para que delincuentes compren y usen estos vehículos". Villegas agrega que el gobierno debe priorizar la seguridad y la vida de las personas, incluso si eso significa asumir pérdidas económicas.

Por su parte, el expresidente de la ATU, José Aguilar, explica que cuando un vehículo es llevado al depósito, existen dos opciones: que el propietario pague la multa y retire el vehículo, o que se realice un proceso para que sea llevado a la chatarrería. Sin embargo, el proceso de subasta está en manos exclusivas de la SAT.

La informalidad en el transporte público de Lima y Callao no es solo un problema de orden administrativo, sino una amenaza directa para la seguridad ciudadana. 25 mil cústers que fueron retiradas del servicio formal han vuelto a las calles, operando sin permisos, sin mantenimiento adecuado y con conductores que muchas veces no portan una licencia válida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.