Mineros de Puno se movilizan para exigir prórroga de formalización y nueva ley MAPE
José Coa Luna, presidente de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno, informó que la medida afecta a más de 50 mil mineros y a unas 300 mil familias en total; advierten que podrían radicalizar las acciones si no hay respuesta del gobierno.
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Desde mañana, los mineros de la región Puno iniciarán una movilización en los principales puntos estratégicos de Juliaca, como parte de la protesta nacional que convoca la Confederación Nacional de Mineros. La medida fue confirmada este jueves, tras una reunión de emergencia realizada por los dirigentes del sector. El objetivo central es exigir al Ejecutivo la prórroga del proceso de formalización minera y la aprobación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE).
José Coa Luna, presidente de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno, explicó que la situación de los mineros puneños se ha vuelto insostenible ante la falta de respuesta por parte del Gobierno. “Nos han quitado nuestra única fuente de ingreso”, denunció. Por ello, decidieron unirse a la movilización nacional para defender sus derechos laborales y hacer visible su reclamo.
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Representantes de distintas regiones ya se trasladan a Lima. En el caso de Puno, delegados procedentes de Capajorcco llegaron a la capital con el fin de incluir los intereses del sector en la agenda nacional. Su presencia busca reflejar la unidad y fortaleza del gremio frente al abandono institucional.
El dirigente precisó que la movilización no incluye únicamente a los mineros artesanales, sino también a toda la cadena productiva: acopiadores, transportistas, propietarios de trapiches y de plantas de beneficio atendieron el llamado. Esta participación multisectorial refleja la magnitud del conflicto y la necesidad urgente de reformas estructurales.
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Paro de mineros: más de 300.000 personas afectadas en Puno
Coa Luna detalló que la paralización afecta de manera directa a más de 50.000 mineros familiares en Puno, y que el impacto social total alcanza a unas 300.000 personas, entre trabajadores indirectos y núcleos familiares. La falta de un marco legal adecuado pone en riesgo su subsistencia y compromete la sostenibilidad de sus comunidades.
Para este viernes se espera la llegada de más delegaciones procedentes de las provincias de San Antonio de Putina, Carabaya y Sandia, que se sumarán a las movilizaciones. Los dirigentes no descartan la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza si sus demandas continúan sin respuesta. “No queremos confrontación, pero nos están empujando hacia ella”, advirtieron.






















