Paro nacional del 18 de junio: gremios de transportistas exigen mayor seguridad y respuestas del Gobierno
Las movilizaciones, aunque con participación parcial, evidencian un descontento generalizado en el sector. Dirigentes exigen soluciones efectivas ante la extorsión y violencia.
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Gremios de transportistas realizaron este miércoles 18 de junio un nuevo paro nacional en diversas zonas de la capital para exigir al Gobierno medidas concretas contra la creciente inseguridad ciudadana que golpea con fuerza al sector. La movilización, aunque parcial y con divisiones internas, dejó entrever un descontento que podría escalar: los dirigentes ya anuncian un paro para fines de mes.
El punto central del pliego de reclamos es la inseguridad. Los gremios denuncian que siguen siendo víctimas de extorsiones, asaltos y atentados, especialmente en zonas como Lima Norte, donde operan bandas criminales. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, fue enfático: “El 26, 27 y 28 de julio vamos a hacer un paro nacional con movilizaciones porque es necesario que este gobierno ya renuncie”, afirmó durante la marcha.
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Walter Carrera, dirigente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), precisó que la convocatoria partió desde varios puntos de la ciudad: Puente Nuevo (Este), Panamericana Norte, Sur y la avenida Colonial (Oeste), con destino final en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.
Participación parcial y servicios operativos
A diferencia de anteriores protestas, esta movilización no logró convocar a todos los gremios del país. Sin embargo, sí participaron activamente agrupaciones como Asotrani, la Alianza Nacional de Transportistas, la Confederación de Mototaxistas del Perú y colectivos de taxis y mototaxis de Lima Metropolitana.
En paralelo, varias empresas de transporte urbano como Nueva Esperanza, Etuchisa, Vipusa y Nueva Estrella operaron con normalidad a primeras horas de la mañana. Algunos choferes indicaron que toda su flota salió a trabajar pese a la convocatoria. No obstante, se observó una reducción en el número de pasajeros, tanto en la zona norte como en la zona sur de la capital, lo que algunos atribuyen a las recomendaciones del Ejecutivo sobre el trabajo virtual.
Estado adopta medidas de prevención
Ante el anuncio de protestas, diversas entidades públicas adoptaron medidas para minimizar riesgos. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en colegios públicos de Lima y Callao y recomendó el uso de plataformas virtuales. Varias universidades, como la PUCP, UNI, Científica del Sur, Federico Villarreal, César Vallejo y Universidad de Lima, optaron por dictar clases de manera remota.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó tanto a entidades públicas como privadas a priorizar el trabajo remoto y a conceder tolerancia en el ingreso a los centros laborales. En tanto, EsSalud anunció la reprogramación de citas médicas que pudieran verse afectadas por la jornada de protesta.
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Tercer paro del año en el sector transporte
Esta es la tercera movilización del gremio transportista en lo que va del año. Las anteriores también estuvieron motivadas por el repunte de la criminalidad, especialmente los casos de extorsión y ataques con explosivos en unidades de transporte público y locales comerciales.
Durante 2024, la presión de estos gremios fue determinante para que el Ejecutivo decretara el estado de emergencia en varias zonas del Callao y Lima, medida que incluyó la participación de las Fuerzas Armadas en patrullajes. Sin embargo, los dirigentes sostienen que estas acciones han sido insuficientes. “Lo que pedimos es protección, no medidas temporales que no atacan el problema de fondo”, indicó uno de los voceros durante la marcha.
Proponen nueva fecha para protestas
Los gremios advierten que la protesta de hoy es solo un preludio. De no haber respuestas concretas, reiteran que el 26, 27 y 28 de julio realizarán un paro de alcance nacional. Este anuncio, en medio de un contexto económico complejo y de crecientes tensiones sociales, plantea un nuevo reto para el Ejecutivo, que deberá evaluar con urgencia cómo contener el malestar del sector sin agravar la ya delicada situación en materia de seguridad y empleo.
