14 víctimas de la violencia y siguen las extorsiones: cifras de homicidios se disparan en gobierno de Boluarte

El fallecimiento del cantante principal del grupo de cumbia, Armonía 10, ha sacado a relucir, nuevamente, la falta de mano dura por parte de las autoridades para contrarrestar el sicariato y la extorsión en el país. Durante las primeras horas del estado de emergencia, solo en Lima se reportaron 4 muertes a manos de sicarios. Sin embargo, en algunas regiones como Arequipa y Piura también se cometieron crímenes. 

Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), cuando Martín Vizcarra terminó su gobierno en plena pandemia por la COVID-19 en el 2020, la cantidad de homicidios en el país fue de 2,98 por cada 100 mil habitantes, es decir, 1.016. Con Francisco Sagasti a la cabeza se reportaron 4,16 asesinatos por cada 100 mil habitantes (1.419), mientras que cuando Pedro Castillo dejó el poder en 2022, la cifra fue de 4,50 por cada 100 mil habitantes (1.533) y con Dina Boluarte la cantidad de crímenes cometidos incrementó exponencialmente a 6,03 por cada 100 mil habitantes, es decir, hasta el 2024 había 2.057 homicidios. Asimismo, se han registrado 469 homicidios más en el país hasta el 17 de marzo del 2025.

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Estado de emergencia no sirve, pero gobierno insiste

Según el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la declaratoria de estado de emergencia en el país es completamente fallida y se estaría utilizando un presupuesto de, según las propias palabras de Juan José Santivañez “20 a 30 millones de soles por mes”. 

“Creo que están intentando conectar con la gente usando términos como pena de muerte, estado de emergencia porque, claro, a la ciudadanía de a pie le parece interesante. Pero, finalmente, esto es vende humo. Ni más policías en las calles ni militares van a lograr que la extorsión se reduzca, todo lo contrario. Siguen apuntando mal, la extorsión es un delito clandestino, se combate con inteligencia”, recalcó. 

Por su parte, Carlos Basombrío indicó que el estado de emergencia está siendo utilizado incorrectamente, pues el delito de extorsión y sicariato es un delito no visible y para esto se requiere de otro tipo de estrategia. 

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“Después de haber hecho un trabajo de inteligencia y haber capturado a las bandas criminales, se podría declarar un estado de emergencia por 15 días o más. Hay que hacer más eficaces las medidas. Esto es una típica del gobierno para salir del paso”, enfatizó. 

Sicarios se burlan del gobierno

A tan solo horas de haber declarado estado de emergencia, un grupo de sicarios asesinaron a 4 personas en diferentes distritos de la capital. En el Callao, una jaladora de combis fue asesinada a la altura del óvalo de La Perla, en San Juan de Miraflores, dos sujetos a bordo de una motocicleta mataron de seis balazos a un joven reciclador. Asimismo, un chofer de la línea G fue asesinado por sicarios en la avenida Pachacútec en dicha jurisdicción. Mientras que en San Juan de Lurigancho, un colectivero falleció a balazos dentro de su auto, el caso viene siendo investigado por posible cobro de cupos. 

Las diferentes regiones del país no son ajenas a los casos de sicariato y extorsión, Trujillo prácticamente se ha convertido en la cuna de diferentes organizaciones criminales, quienes cobran cupos a la gran mayoría de empresarios de dicha localidad, en Arequipa también se reportó un crimen y en Piura, un padre de familia fue asesinado a balazos frente al colegio de su hijo cuando lo esperaba a la hora de salida. 

¿Funcionará un toque de queda? 

Para ambos especialistas, el toque de queda es un corte a las libertades de los ciudadanos. Además, de ello, reiteran que la extorsión y sicariato no tienen un horario determinado de acción. “Es ineficaz el toque de queda, el extorsionador no extorsiona en la calle, lo hace desde su guarida. A través de llamadas telefónicas, un WhatsApp o mediante redes sociales. El extorsionador seguirá haciendo lo que hace”, dijo Pedraza. 

Mientras que Basombrío calificó como “sería meternos en una jaula”, si es que Dina Boluarte decide implementar un toque de queda como otra medida para intentar reducir los casos de sicariato y extorsión. “Disminuiría el robo agravado sí, pero afectaría la economía. Uno tiene que analizar, la extorsión también está en las mañanas”. 

Alcaldes de SMP y SJL critican medida de Boluarte 

Hernán Sifuentes y Jesús Maldonado son las autoridades ediles que más estados de emergencia han acatado en el país desde que Boluarte asumió el mando.

El alcalde de SMP, Sifuentes expresó su preocupación por la falta de coordinación con el Gobierno Central. Según él, la Policía Nacional enfrenta una grave carencia de recursos esenciales, como chalecos antibalas y tecnología adecuada, para hacer frente al crimen organizado.

"Los grandes problemas como son las extorsiones, los homicidios y el sicariato no se han reducido porque es algo que venimos diciendo desde hace tiempo. El Gobierno no presenta un plan o una estrategia que debe ser sostenible como una política de estado que sobrepase los gobiernos y los cambios ministeriales. Hay que invertir en inteligencia, en investigación, para afrontar estas bandas criminales que no se combaten con estados de emergencia, se combaten investigación y tecnología", aseguró.

Por su parte, Maldonado consideró un fracaso todas las medidas tomadas por el gobierno de Dina Boluarte para hacerle frente a la crisis de inseguridad ciudadana que se vive en el país y recalcó que el cambio de ministro tampoco es la solución inmediata. 

“Este Gobierno ya ha fracasado en todo su intento de detener la delincuencia que, hoy en día, nos afecta. San Juan de Lurigancho es un distrito que durante muchos años ha sido víctima de extorsión y sicariato, agravado por la enorme impunidad que existe en cada una de estas intervenciones del crimen. La única solución que podríamos encontrar no es el cambio de ministros porque estoy seguro que continuaríamos con la misma frecuencia de fallecidos y con el mismo sistema de justicia que no puede parar la delincuencia”. 

Servicio militar obligatorio ¿Una medida desesperada? 

Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, informó que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para implementar el servicio militar y policial obligatorio con la finalidad de alejar a los jóvenes de las redes delictivas e integrarlos a la sociedad.

"El Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se aprueba el servicio militar y policial obligatorio (...)  el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior solicitarán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de recursos para la implementación de unidades de flagrancia. Además, se declarará en emergencia a la Policía Nacional del Perú y se impulsará la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas en sus filas", indicó el premier.

Cabe resaltar que la inseguridad ciudadana en el país ha llevado a que se ponga sobre la mesa, en varias oportunidades, si el servicio militar obligatorio debería retomarse. Ya hubo tres proyectos de ley respecto a este tema y todos tenían la misma finalidad: “Combatir eficientemente la inseguridad ciudadana en coordinación”.