Más de 300 colegios han cerrado por las amenazas de bandas de extorsionadores

Las amenazas eran diarias: “tienes 24 horas o vuelo el colegio”. Los vecinos de El Carmen, uno de los barrios más populosos del distrito limeño de Comas, sienten una mezcla de impotencia y alivio con la noticia de que los dueños del colegio Alfred Nobel cerraron el plantel por miedo a los extorsionadores.

La banda criminal Los Injertos del Cono Norte les exigía el pago de S/ 60 mil mensuales para dejarlos trabajar.

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Este es uno de los 300 planteles educativos que han cerrado sus puertas a nivel nacional ante las amenazas de grupos criminales, confirma a La República Giannina Miranda Lazo, presidenta de la asociación de promotores de educación inicial y representante del colectivo Educar con Libertad.

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Los padres de familia confían en que las escuelas públicas y privadas son los lugares más seguros para que los niños y adolescentes aprendan y desarrollen sus habilidades.

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 Sin embargo, la compleja situación de violencia que vive el país está provocando inseguridad y vulnerabilidad no solo para los menores de edad sino también para los profesores que están siendo sujetos de amenazas, extorsión e intimidación dentro y fuera de los planteles.

Miranda Lazo expresa también su descontento con las exigencias que el Ministerio de Educación está imponiendo a los colegios privados. “De 25 mil colegios ya han cerrado 11 mil y muchos de ellos por la extorsión. Nos están pidiendo transparentar nuestro informe financiero y publicar nuestros números en un Drive. Esto solo expone más a los colegios ante la criminalidad”, añade.

“El año pasado asesinaron a un profesor, en Ate. Ahora tenemos miedo de que dejen una bomba en la puerta de los colegios”, señala un promotor educativo que pidió mantenerse en el anonimato ante la situación que atraviesan las instituciones educativas.

Oficialmente, el 2024 terminó con 172 colegios cuyos directivos fueron blanco de extorsionadores (casos registrados en la Policía). Pero esta cifra oculta una situación preocupante: muchos no denuncian y hay una cifra negra que llegaría al 25% o 30% de casos.

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“Hay un subregistro de nuestros asociados que demuestra que son más de 300 colegios los que han cerrado”, indica Giannina Miranda. 

Las mafias no discriminan en sus objetivos y buscan atacar a entidades vulnerables. En algunos casos piden 10 mil o 20 mil soles, en otros 50 mil y hasta S/ 70 mil al mes.

De acuerdo con el Ministerio Público, en los últimos nueve años hubo 86.373 denuncias en los 34 distritos fiscales y en Ventanilla. De ellos, 77.314 fueron por extorsión, 2.952 por chantaje y 6.107 no tenían registro de delitos específico. El año pasado hubo 22.835 registros y en el 2023 las cifras alcanzaron las 22.296 denuncias.

No hay una estrategia

“No hay una estrategia del Gobierno que pueda frenar esta inseguridad”, dice Miranda, quien lamenta que la situación haya llegado al punto de que los delincuentes ingresen a las instituciones educativas sin respeto alguno.

“Es inaudito que (el año pasado) hayan asesinado a un profesor dentro de una escuela de Ate. Esto no se había visto nunca, y lo que nos indigna aún más es que el ministro (del Interior, Juan José) Santiváñez haya minimizado el hecho diciendo que (el profesor) tenía problemas personales”, agrega.

La extorsión en el sector Educación no solo está afectando a regiones como La Libertad, sino también a Lima, a zonas como San Borja, Surco y Chorrillos, además de distritos tradicionalmente más vulnerables como San Juan de Lurigancho, Comas y Puente Piedra.

Otros docentes también criticaron duramente la falta de un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo y lamentaron que no se estén tomando medidas preventivas.

Maestros pagan cupos

El comercio, el transporte y ahora los colegios son blanco de los extorsionadores y ello evidencia una normalización del pago de ‘cupos’, señalan otros representantes del magisterio.

Hay casos de promotores y dueños de instituciones educativas que han señalado que en un año les llegan a exigir entre tres y cinco veces pagos elevados para no ser atacados.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ya había alertado sobre las extorsiones que afectan a maestros de escuela pública en zonas rurales de La Libertad. Asegura que los docentes que se desplazan por zonas de difícil acceso, como Ascope, son interceptados por delincuentes. 

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El año pasado les cobraban entre 5 y 10 soles diarios a los maestros. Quienes se negaban a pagar e insistían en ingresar a los centros educativos eran amenazados de muerte. Indicó que esta situación afecta a unos 120 docentes muchos de los cuales se vieron precisados en pagar para continuar sus clases.

En Trujillo, más de 70 colegios particulares no estuvieron a salvo de las extorsiones. Los dueños del Colegio Europeo Montalcini lo experimentaron en carne propia y cerraron.

Al respecto, el coronel Franco Moreno, jefe de la unidad antisecuestros de la Dirincri asegura que ningún crimen es perfecto y aunque no precisó cifras, ponderó que los grupos delictivos “van dejando rastros y huellas, y ya tenemos algunos aprehendidos en secuestros y secuestros extorsivos”.

Hace una semana, el ministro de Educación, Morgan Quero, generó otra polémica al declarar sobre la ola de extorsiones.

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Según dijo, la Policía está trabajando junto a los padres de familia para formar brigadas de autoprotección que garanticen la seguridad de los colegios frente a las extorsiones.

“Se han mejorado las condiciones de vida de muchas personas, y estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional y, por supuesto, con las brigadas de autoprotección escolar, formadas por padres y madres de familia”, afirmó Quero aquella vez.

Sus declaraciones generaron rechazo, ya que muchos consideran que tiene que ser la Policía la encargada de garantizar la seguridad de los estudiantes, y no los padres de familia.

“El negocio de las bandas son las extorsiones y, por ende, ya no es como antes que la violencia y criminalidad en una zona o territorio se daba por el tráfico de drogas. El nuevo interés del control del territorio es ahora por las extorsiones y está tomando mucha fuerza en diversas regiones como La Libertad, Ica, Lima y Callao”, asegura el coronel (r) Jorge Mejía, quien fue jefe de la División Antisecuestros.

El gobierno no entiende la magnitud del problema

Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior

El problema de la extorsión no es de diez o quince empresas. Las extorsiones son a nivel nacional y, particularmente, en la franja costera. Crear Crear una unidad para atender el problema de las extorsiones de un número de empresas en el Cono Norte nos indica que el gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema.

Los policías cuando observan que los niveles superiores de la pirámide, los jefes, están involucrados en actos de corrupción el resto del cuerpo también se degrada y, cuando no hay un control y liderazgo claro, obviamente se va a perder el control.

Lamentablemente la corrupción de las economías ilegales es muy potente y corrosiva.  A eso hay que agregarle el mensaje que se da desde el gobierno que es que se persigue, somete y amenaza con dar de baja a los oficiales que investigan a los políticos corruptos. Si ese es el mensaje, ningún oficial va a correr el riesgo que los amenacen o persigan y se va a quedar quieto o va a cruzar la línea.