Sutep pide derogar ley que destituye a profesores o directores condenados a prisión
El sindicato indicó que están a favor de que los agresores paguen sus condenas. Sin embargo, la medida no permite que los implicados puedan apelar y defenderse como cualquier ciudadano.
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El Congreso de la República promulgó la Ley 32242, publicada en el cuadernillo de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, modifica el artículo 49 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, que establece la destitución automática y la inhabilitación permanente de directores, profesores, auxiliares y personal administrativo de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, condenados por delitos graves. Esta medida busca garantizar un entorno seguro y respetuoso en el ámbito educativo.
La nueva legislación incluye una lista de delitos que conllevan a la destitución automática, destacando aquellos relacionados con crímenes contra la libertad sexual, terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Además, se refuerzan las medidas disciplinarias para docentes que incurran en actos de violencia, maltrato hacia los estudiantes y hostigamiento sexual, entre otras conductas que vulneren los derechos fundamentales de los alumnos.
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Con esta modificación, el artículo establece que la destitución será de oficio, eliminando la necesidad de un proceso administrativo para aquellos condenados por los delitos mencionados. Esto permitirá que los infractores sean apartados de sus funciones de manera inmediata, asegurando así la integridad del sistema educativo.
Delitos que conllevan a la destitución automática
La norma especifica que las condenas por delitos dolosos, especialmente aquellos que atentan contra la libertad sexual, serán motivo suficiente para la destitución automática del personal educativo. Esto incluye no solo a los delitos más graves, sino también a otros delitos estipulados en el Código Penal que puedan comprometer la seguridad y bienestar de los estudiantes.
Esto abarca actos de violencia, maltrato hacia los estudiantes, inasistencia injustificada y cualquier otra acción que vulnere los derechos fundamentales dentro del ámbito educativo. La intención es crear un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso para todos los alumnos.
Proceso de destitución de docentes o directores
La modificación del artículo establece que la destitución será de oficio, lo que significa que no será necesario un proceso administrativo para llevar a cabo la separación del personal educativo condenado. Esta medida busca agilizar el proceso y garantizar que los infractores sean apartados de sus funciones de manera inmediata, evitando así que continúen en contacto con los estudiantes.
Los profesionales que sean destituidos quedarán inhabilitados de manera permanente para ingresar o reingresar a la Carrera Pública Magisterial, lo que implica que no podrán ejercer funciones educativas en ninguna institución, ya sea pública o privada. Esta decisión busca proteger a los estudiantes y asegurar que el personal educativo cumpla con los estándares éticos y legales requeridos.
Sutep marchará este 30 de enero para pedir que se derogue la ley. Foto: La República
Sutep en contra de esta ley
El Secretario General del Sutep, Lucio Castro indicó que la Ley 32242 que modifica la ley 29944 de Reforma Magisterial, es reiterativa y lesiva a los derechos que todo ciudadano tiene con respaldo de la Constitución, incluidos los docentes. Por ello, indicó que la medida debe derogarse.
“El Sutep demanda que el Ejecutivo la observe y junto con sus asesores legales evalúan presentar acciones legales pertinentes. ¿Dónde están aquellos que se comprometieron a derogar la Ley de Reforma Magisterial y que ahora la ratifican leyes que violentan nuestros derechos? Para el magisterio y la población su ineptitud, corrupción e incapacidad son evidentes. Los delitos y conductas en agravio de nuestros estudiantes deben ser castigados con la máxima pena, pero sin perder de vista que los derechos de los alumnos y las personas deben ser protegidos”, dijo.
Asimismo, el Sutep manifestó que este 30 de enero habrá una movilización hacia el Minedu para alzar su voz de protesta en contra de esta ley y además de entregar el Pliego de Reclamos que les corresponde según ley.
