Aprueban considerar al ‘gota a gota’ como extorsión
Cambios. Ley aprobada por el Congreso señala penas de hasta 15 años para el que amenace para obtener altos intereses. También aprueban cambiar placas de motos.
Con 105 votos a favor, el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de Ley n.° 7269/2023-CR que modifica el artículo 200 del Código Penal, con el objetivo de incluir los préstamos ‘gota a gota’ dentro del delito de extorsión.
La propuesta establece que “todo aquel que use la violencia o amenazas para obligar a otra persona o a una institución, ya sea pública o privada, a darle a él o a otra persona una ganancia económica indebida o cualquier otro beneficio, se le impondrá una pena de prisión de entre diez y quince años”.
La pena también se aplicará si, de forma directa o a través de otros, (el prestamista) “logra que alguien acepte dinero o bienes que aparentan ser un préstamo u otro acuerdo, con el objetivo de obtener un beneficio indebido, usando para ello amenazas, intimidación, engaños o violencia”.
Comerciantes, profesionales y amas de casa, son los más afectados por extorsión. Foto: Dirin PNP
Y aquellos que por medio de plataformas digitales, internet u otros métodos similares, obliguen a otras personas mediante amenazas, intimidación, engaños o trucos a aceptar dinero o bienes, aparentando un contrato de préstamo o cualquier otro tipo, con el objetivo de obtener un beneficio, “también podrían ir a la cárcel hasta por 15 años”, señala la iniciativa.
Al respecto, el abogado penalista Joel Córdova señaló a La República que la tipificación de este delito no representa un peligro o lesión de la presunción de inocencia o el debido proceso, dado que no se advierte que la norma invada ámbitos de derechos fundamentales de forma arbitraria.
No obstante, advierte que “por la forma en como ha sido redactada, la eficacia de la norma podría verse comprometida, dado que en estas actividades resalta la forma amenazadora en cómo se cobran los préstamos”.
Del mismo modo, el letrado Miguel Arrese sostiene que es el artículo 214 del Código Penal el que debió ser modificado, porque “castiga a aquel que obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la ley, pero actualmente solo fija una pena no menor a uno ni mayor de tres años (de cárcel)”. Asimismo, Arrese indica que la modificación del artículo 200 no considera un aumento de las penas.
Ello debido a que el tipo penal actual castiga, en el modo base, con pena no menor de diez ni mayor de quince años de cárcel, y la modificación que introduce el castigo al ‘gota a gota’, no aumenta la pena.
Con la nueva normativa, los prestamistas que usen violencia o amenazas para lograr ganancias indebidas enfrentarán penas de 10 a 15 años. Foto: difusión
Cambio de placas
Por otro lado, con relación a la aprobación de la Ley n.°7477/2023-CR, que introduce cambios a las placas de vehícos menores, Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ambar, señala su conformidad con la implementación de esta nueva normativa porque la placa actual que tienen los vehículos menores son de un tamaño inferior al de la placa de los vehículos livianos y mayores. Además, el color azul con letras y alfa numérico de color negro que se les asigna son difíciles de visualizar en ciertas horas del día.
Respecto al uso de las placas tanto en la parte de adelante como atrás de las motos lineales, Quispe menciona que “va a contribuir de alguna manera a mitigar, digamos, los actos delincuenciales, porque van a poder ser identificados visualmente con facilidad por los ciudadanos”.
Comerciantes son los más afectados
Con 793 casos registrados, las extorsiones por “Gota a Gota” ocupan el segundo puesto, siendo la modalidad Típica el primero con 14.163 casos, según la DIRIN PNP.
En el Perú, un total de 16.204 casos de extorsión fueron registrados desde el 1 de enero hasta el 7 de noviembre de 2024, según informó la Dirección de Investigación de la Policía Nacional del Perú (DIRIN PNP), a través de sus redes sociales.
En lo que va del 2024 se han registrado cerca de 65.766 denuncias por el delito contra la seguridad pública. Foto: Sidpol