Incendio devora 25 buses y gremios piden anular ley procrimen
Descontrol. Vehículos pertenecen a empresas que acataron paro en rechazo a inseguridad. Sector empresarial demanda al Congreso derogar norma que favorece a bandas organizadas y señala que Gobierno está perdiendo la lucha contra el crimen.
¿Un nuevo atentado? ¿Coincidencia? ¿Accidente? Las investigaciones lo dirán. Al menos 25 microbuses de dos empresas de transporte que eran guardados en la cochera de un colegio de Independencia, quedaron convertidos en chatarra luego que se desatara un pavoroso incendio en dicho espacio, tan solo horas después de que los propietarios de esas unidades salieran a protestar contra el Gobierno exigiendo mano dura contra la delincuencia que los extorsiona y mata.
La cochera, perteneciente al colegio Medalla Milagrosa, guardaba los buses de las empresas Corazón de Jesús y Aidé Consorcio SAC que cubren la ruta Independencia-Callao. Ninguno de los vehículos operó en las horas previas, pues sus propietarios se plegaron a la paralización de su gremio.
El hecho ha generado desolación entre los propietarios y trabajadores de las citadas empresas, pues, para ellos, el incendio fue provocado con la intención de causarles más daño. Es más, uno de los choferes rompió en llanto al ver su bus calcinado, pues era el sustento de su familia. “Todavía no lo termino de pagar, tengo deudas”.
La voz de empresarios
La misma indignación fue compartida por otros sectores del transporte, la industria y el comercio, los cuales, a través de un pronunciamiento, demandaron al Congreso derogar la ley que favorece a las bandas organizadas que cometen extorsiones y asesinatos.
Como se recuerda, el Parlamento aprobó una norma que modifica varios artículos del Código Penal. Uno de los cambios redefine el concepto de organización criminal y los procedimientos en la investigación, lo que favorece a bandas de extorsionadores y sicarios.
Los pequeños y grandes empresarios también exigieron al Gobierno enfrentar la inseguridad ciudadana con ideas y planes concretos. “El Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado. Las autoridades no han mostrado una estrategia efectiva para combatir esta amenaza”.
Agregaron que el Congreso debe aprobar el proyecto de ley que tipifica el terrorismo urbano y endurece las penas.
A su turno, la Cámara de Comercio de Lima exigió al Gobierno Central una estrategia integral contra la delincuencia y que se destine el presupuesto necesario para la lucha contra la criminalidad, “la cual desalienta la inversión e impide el crecimiento económico del país”.
Propuso que se declare en estado de emergencia a la PNP para fortalecerla, incorporar más agentes de inteligencia en situación de retiro y tomar el control de las 120 zonas vulnerables del país a través de acciones conjuntas con las FFAA.
Ei incendio
El fuego inició a las 2 de la mañana y generó pánico entre los vecinos. La empresa Corazón de Jesús había denunciado previamente que era objeto de extorsiones a través de mensajes, cobro de cupos y ataques con armas de fuego en su terminal, desde el 11 de setiembre, motivo por el cual no salieron a laborar.
Uno de sus agremiados manifestó que estaban pagando cupos, pero no sabía si la empresa cumplía con hacerlos llegar a los delincuentes. “Nosotros pagamos por carro 5 soles diarios y son más de 30 carros”.
Otros como él, descartaron la posibilidad de que el incendio haya sido producto de un corto circuito, puesto que el jueves, por el paro, ningún vehículo salió de la cochera. “Los motores de los carros estaban fríos”.
El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, señaló que la Policía continuará con las investigaciones, pero adelantaron que el hecho se habría producido por el calentamiento de la batería de un bus.
Distritos en emergencia
En tanto, el Ejecutivo publicó ayer el Decreto Supremo que declara en estado de emergencia 13 distritos de Lima y uno del Callao por 60 días. Estos son: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador. Y en el Callao, el distrito de Ventanilla.
A la lista inicial agregaron a Santa Rosa y Rímac, pero no establecieron el toque de queda como lo había adelantado el ministro Juan José Santiváñez.
Se dipuso la intervención de las Fuerzas Armadas y la restricción de derechos relacionados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión. El titular del Interior recalcó que el toque de queda se daría en algunas jurisdicciones y que se evalúa el horario junto a las autoridades competentes.
Para el exministro de Interior Wilfredo Pedraza, la declaratoria de emergencia es una respuesta política y no es una respuesta técnica.
“Van a mostrar lo mismo: policías y militares en las calles, pero no resuelve la extorsión, siendo la extorsión un delito que se cómete de manera clandestina. Una declaratoria de emergencia no le hace ningún efecto, se hace por redes, WhatsApp, eso no se combate con FF.AA en las calles”.
No obstante, rescató entre las propuestas anunciadas la ampliación del penal de Challapalca, y la creación del grupo especial para investigar las extorsiones, pero apuntó que hay que dotarlo de más policías así como tecnología y recursos. “Si se va a limitar a 100 personas para un fenómeno del país, no va a resultar”.
En esa línea, el exjefe de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señaló que hay dos medidas interesantes: primero que se está formando un equipo de 100 policías especializados en la lucha contra la extorsión y que se va a contratar a policías de investigaciones en situación de retiro.
“Entonces, para que esto se ejecute tienen que intervenir los equipos con tecnología, vehículos especiales, pago a informantes para saber dónde están las organizaciones, quienes son, y de probarlo, puedan detenerlos y denunciarlos”.
También saludó que se tipifique la extorsión como terrorismo urbano porque se ampliará el tiempo de investigación preliminar y la detención.
Tacna y Puno se oponen a ampliación de Challapalca
Los gobernadores regionales de Tacna y Puno cuestionaron el anuncio del Ejecutivo sobre la ampliación del penal de Challapalca para el traslado de sentenciados y procesados por los delitos de sicariato, secuestro, extorsión. Consideran que tener a delincuentes de alta peligrosidad en sus jurisdicciones genera mucho temor e inseguridad en la población, además de afectar las inversiones y el turismo.
El dictamen que reúne 16 iniciativas legislativas pretende modificar el Código Penal para incorporar la figura del terrorismo urbano. Entre los delitos que se contemplan están explotación sexual, secuestro, robo agravado, extorsión, minería ilegal, otros.
