Puno: pedirán hasta 25 años de cárcel contra PNP presuntamente involucrados en muertes durante protestas
Representantes legales de víctimas esperan que 24 policías investigados sean impedidos de salir del país mientras continúa el caso por la represión musical durante las protestas contra Dina Boluarte.
Representantes legales de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero señalaron a La República que en la última etapa de la investigación, que se desarrollará en los próximos meses, solicitarán hasta 25 años de cárcel contra más de 20 efectivos policiales involucrados en la muerte de Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chua, durante las protestas sociales ocurridas en el distrito de Macusani, en contra de la gestión de Dina Boluarte.
"Ya se ha formalizado la denuncia por el delito de homicidio calificado y abuso de autoridad en estos hechos ocurridos el 18 y 19 en la localidad de Macusani; la pena es no menor a 15 años y pueden llegar hasta los 25 años y solicitaremos que se dé la pena máxima dado la magnitud de los hechos porque funcionarios estatales, quienes estaban obligados a velar por la integridad física de los ciudadanos, son quienes han asesinado a nuestros hermanos en la provincia de Carabaya, Puno", afirmó Wilmer Quiroz.
La formalización de la investigación preparatoria se dio recientemente en contra de 24 efectivos policiales, entre ellos de altos mandos; por ende, los representantes legales esperan que la totalidad de los investigados puedan llegar hasta el dictamen de la sentencia; en ese sentido, presentaron el requerimiento de impedimento de salida del país para evitar posibles fugas como se evidenció en la región de Cusco.
"Este impedimento de país ya ha sido formalizado por el equipo especial del Ministerio Público y la audiencia se estará realizando el 30 de este mes; esperamos que esta sea positiva de tal manera que se estaría logrando avances, aunque sean milimétricos, para la búsqueda de justicia para que sean ya sentenciados en la etapa de juzgamiento", manifestó, a su turno, el abogado César Quispe.
En otro momento, el abogado Wilmer Quiroz indicó que la inacción de los altos poderes ha dificultado el avance de las investigaciones y, por ello, aún no se ha llegado siquiera a un dictamen de prisión preventiva contra los efectivos, pues incluso se tiene plenamente identificado a la persona que disparó a Sonia Aguilar Quispe; sin embargo, no se ha tenido ningún avance, ya que los investigados actualmente continúan ejerciendo sus funciones plenamente.
"Desde el Estado esperamos que no permitan la fuga de los investigados. Creíamos que en este caso donde se ha identificado al autor directo del asesinato de la señora Sonia debía pedirse la prisión preventiva, pero no; nos sentimos discriminados por el actuar del Gobierno", sostuvo Wilmer Quiroz.
Finalmente, el abogado César Quispe refirió que uno de los investigados presentó una medida de excepción para debatir su inocencia en la audiencia que se desarrollará el 16 de octubre."Quieren huir de la justicia, pero con todas las pruebas y elementos de convicción que tenemos, nosotros consideramos que tiene que simplemente ser desestimada", culminó.
