Contraloría detecta irregularidades en la compra de 50 camionetas de Serenazgo en San Juan de Lurigancho

La Contraloría General de la República del Perú informó que ha detectado irregularidades en la compra de 50 camionetas por parte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Los vehículos, que forman parte del plan para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en este distrito, demandó una inversión de 8 millones 745 mil soles (S/8,745.00). Monto que fue pagado por la administración local en enero de 2024.

La comisión de control descubrió que, en la tercera convocatoria para comprar camionetas 4X2 doble cabina y equipadas, el gerente de Seguridad Ciudadana aprobó las unidades el 28 de diciembre de 2023. Sin embargo, ese mismo día, la comisión de recepción, que incluía al mismo gerente, señaló que faltaba la instalación del sistema de mejora de visión nocturna con 4 cámaras (delantera, trasera, derecha e izquierda).

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El Informe de Control Específico N° 016-2024-2-2184-SCE indica que no hay evidencia que justifique la solución de la observación mencionada. Además, el informe técnico del ingeniero mecánico electricista de la Contraloría aclara que la instalación de las cámaras requería al menos un día completo, ya que se debían instalar 4 cámaras por cada una de las 50 camionetas, sumando un total de 200 cámaras.

Además, en una inspección física realizada por la comisión de control en febrero de 2024, se examinó una muestra de 9 camionetas y se encontraron deficiencias en 3 de ellas, donde no funcionaban todas las cámaras. También se constató que los sensores de proximidad y alerta de sonido no funcionaban; el control de la sirena no tenía entrada USB; y al verificar las barras de luces instaladas, se observó que las luces blancas frontales y laterales no estaban presentes o no estaban programadas.

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Es importante mencionar que, según la Ley de Contrataciones, cuando hay observaciones, la entidad concede al contratista un plazo de entre 2 y 8 días para resolverlas. Después de que las observaciones se hayan corregido, el especialista de la entidad (ingeniero mecánico) debe emitir un informe verificando que se han cumplido.

Adquisición no cumplió con requisitos, según Contraloría

El informe de la Contraloría también revela que el comité de selección otorgó la adjudicación al consorcio ganador a pesar de que no cumplió con los requisitos especificados en las bases. En su oferta, incluyeron un folleto de la ficha técnica de la sirena que no mencionaba la entrada USB en el control, y el sistema de cámaras no hacía referencia a la cámara posterior ni a la marca y modelo, tal como se requería. El contrato se firmó el 13 de noviembre de 2023.

La comisión de control también descubrió que se modificaron las especificaciones técnicas de las Bases Integradas a petición del entonces gerente de Seguridad Ciudadana del municipio en septiembre de 2023, a pesar de que dichos cambios no eran procedentes, lo que contraviene la Ley de Contrataciones Públicas. Las modificaciones incluyeron la disminución del límite mínimo de capacidad de carga de 1000 kg a 800 kg, el aumento de la potencia mínima de 130 HP a 145 HP, y el cambio del año del modelo de las camionetas, de 2022 a 2023, nueva y sin uso, entre otros ajustes.

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Además, la aprobación de dicha modificación y la emisión del requerimiento de las camionetas fueron realizadas por la Subgerente de Obras Públicas del municipio, quien no tenía las facultades ni atribuciones para actuar como área usuaria, según la Ley de Contrataciones del Estado. Esta responsabilidad correspondía a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que fue quien hizo el requerimiento inicial.

"Los hechos descritos anteriormente afectaron el normal, transparente y correcto funcionamiento de los actos de la administración pública", explica la Contraloría.

Funcionarios tendrían responsabilidad penal

El informe de Contraloría concluye que seis exfuncionarios y exservidores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho tendrían responsabilidad penal y/o administrativa. Por ello, la entidad recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales contra los involucrados, y al alcalde realizar las acciones necesarias para que el órgano competente deslinde las responsabilidades correspondientes.