La lucha de tres mujeres por sus vidas y derechos

Soledad nunca imaginó que a los 37 años de edad su vida tomaría un rumbo inesperado. Ella es madre de un pequeño de 11 meses y antes de quedar embarazada trabajaba en una clínica dental. Siempre estaba dispuesta a apoyar. Su familia la recuerda alegre y entusiasta, y quizás por eso no imaginaban que vivía un infierno, ni que le podía pasar lo que a cientos de mujeres en el país: ser víctima de una tentativa de feminicidio. Y tampoco pensaron en su pareja como un potencial agresor.

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Pero ocurrió. Ahora Soledad Chávez está postrada en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Guillermo Almenara con el 90% del cuerpo quemado. El agresor, Roberto Naupay Bravo, se encuentra con prisión preventiva por 12 meses, pero la familia exige la cadena perpetua.

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“Me da coraje por mi sobrino. Nosotros ahora estamos a su cargo, pero no es lo mismo. Él extraña a su mamá”, dice Manuel, hermano de la agraviada.

Soledad aún no puede hablar, pero observa con mucha atención cuando la visitan. “Su proceso va a ser largo. Aún no le realizan el injerto de piel y por ahora necesitamos más donantes de sangre. Ha perdido mucha”, agrega Manuel.

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En 2023, según cifras del Ministerio de la Mujer, 258 mujeres fueron víctimas de tentativa de feminicidio, y solo en enero de este año se han reportado 19. Soledad Chávez lucha por recuperarse por ella y por su hijo que la espera.

Pero no es la única lucha que enfrentan las mujeres en el día a día. Un claro ejemplo es María de los Ángeles Campos, migrante costarricense que lleva más de 35 años en el Perú, pero Migraciones aún no le otorga la nacionalidad. Todos los años María debe luchar porque su situación migratoria se regularice; sin embargo, apenas le dan un carné de extranjería con duración de 6 a 8 meses.

A sus 62 años, ella ha sufrido no solo por la desatención del Estado, sino por el nulo reconocimiento de sus derechos como migrante y como persona. “La han tenido varias veces indocumentada hasta cuatro meses. Le hacen un silencio administrativo y recién cuando salimos a denunciar, nos dan el carné. Es lamentable”, señala su hijo Julio César Neyra.

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Tan solo en diciembre, María Campos estuvo a punto de ser deportada en Madre de Dios, pese a tener todos sus papeles.

“Mi mamá fue a pasar fiestas allá con mis hermanos y en el aeropuerto la retuvieron. Ella estaba muy asustada y por eso me pregunto: ¿por qué quieren deportar a una mujer de 62 años que ha vivido toda su vida en este país?”.

En febrero, María obtuvo su renovación de carné de extranjería tras una larga lucha, pero este solo durará hasta octubre. Ella ahora teme nuevamente quedarse como irregular y tener que someterse otra vez a que Migraciones le responda. ¿Es justo esto?

Ollas de lucha

Fortunata Palomino no pensaba que un día fundaría una olla común, pero una donación de un saco de arroz en medio de la pandemia lo cambiaría todo para ella y para mucha gente.

El 23 de marzo del 2020 cocinaron para 50 personas, pero llegaron más de 118 ciudadanos que buscaban comida. “No teníamos ningún local, empezamos en la vía pública”, recuerda la actual presidenta de las ollas comunes de Lima.

Ella, junto con otras seis vecinas, no se rindieron y al día de hoy consiguieron empadronar a más de 3.400 ollas comunes en Lima. “Ha sido una lucha larga. Tantas dificultades, hubo momentos alegres, decepcionantes y de reencuentros. Hemos dado todo”, menciona.

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Sin embargo, reconoce que aquí no se termina su lucha, pues tras la última modificación del Midis que amenaza desaparecer a las ollas comunes hay peleas que deben dar.

Y está lista para luchar, como lo hacen otras mujeres que buscan un cambio en el país.

Violencia no cesa en el país este año

El Programa Aurora del Mimp reportó 18 feminicidios y más de 13.000 denuncias por violencia de género en el primer mes del año. Además, según el registro del centro Manuela Ramos, ya se contabilizaron otros 15 asesinatos de mujeres en febrero. Y durante 2023 se tuvo la cifra más alta de feminicidios: 170 a nivel nacional.

Organizaciones civiles exhortan al Gobierno que se ponga con urgencia en agenda el tema de violencia contra las mujeres. Muchas exigen con prioridad que se den nuevas políticas y cero impunidad para los feminicidas. A la fecha, según el Ministerio del Interior, hay más de 7.000 agresores prófugos.