Vivir muy cerca a un penal en SJL: sin internet ni agua potable

Con información de URPI-LR.

Yadira Paredes es una madre de familia que vive en la zona conocida como Mirador de Huanta, ubicada en uno de los cerros que rodean el penal Lurigancho. Ella tiene ocho hijos en etapa escolar, quienes utilizan su teléfono móvil para realizar sus tareas. Sin embargo, suelen enfrentarse a un serio problema de conectividad debido al alcance de los bloqueadores de señal de este centro penitenciario. En horas de la tarde, esta deficiencia se agrava a tal punto que se encuentran totalmente incomunicados.

“Cuando prenden los bloqueadores, la señal se va cada 10 minutos, siempre es así. Sobre todo en las mañanas o a partir de las 4 a 6 p.m.”, comenta la mujer a La República. “Algunos niños que estudian en la mañana y regresan en la tarde necesitan hacer sus tareas, pero a veces tienen problemas”, agrega.

Por ello, sus hijos no tienen más opción que caminar a través de las laderas de este cerro para llegar a la pista más cercana. Trayecto que demora alrededor de 15 minutos. Esta rutina se vuelve insostenible cuando se piensa en momentos de emergencia. “Si hay un apuro para llamar, debemos bajar hasta la pista para poder comunicarnos con nuestras familias. Es muy dificultoso”, expresa la madre de familia.

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Yadira también recuerda que uno de sus hijos estuvo a punto de ser atropellado por un auto cuando buscaba señal en medio de la pista. “Casi le aplasta la pierna, pero el carro no lo alcanzó porque él saltó y corrió”, describe.

Una situación similar atraviesa Medallin, una joven que vive a pocos metros del penal Castro Castro. Ella manifiesta que su comunidad sufre para acceder al agua potable y que, cuando la almacenan, suelen proliferar mosquitos. “Tenemos el miedo de que vaya a darnos dengue”, refiere.

A este difícil panorama se suma un problema más: la falta de conectividad. Medallin comenta que suele pagar S/80 por un servicio de internet. No obstante, los bloqueadores de señal del centro penitenciario afectan su señal. “No se puede hacer ninguna llamada”, añade.

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Además, manifiesta que desea estudiar una carrera profesional, pero lamenta la escasa conectividad. “Quiero estudiar y voy a tener que pagar mi internet, sale muy caro. La falta de señal no me va a ayudar en nada”, declara. Esta situación también afecta a sus familiares. “Los hijos de mi tía sufren bastante. Tienen que salir a buscar señal al otro lado (del cerro) y estar bajo el sol”, menciona mientras señala la escalera que atraviesa una colina aledaña.

Desconexión sin solución

Estos son solo algunos testimonios que ilustran la precaria condición que atraviesan miles de familias que residen en los asentamientos humanos aledaños a los penales Lurigancho y Castro Castro. La situación no solo perjudica la educación de los niños, sino también conlleva el peligro de quedar aislados en caso de una urgencia, además de los riesgos asociados a transitar por terrenos escarpados y rocosos.

En mayo del 2021, durante la pandemia de COVID-19, La República expuso cómo los bloqueadores de señal del penal Castro Castro impidieron que cientos de niños puedan acceder a sus clases virtuales. Durante este periodo, los padres de familia tuvieron que escalar pendientes de hasta 800 metros para tratar de encontrar señal.  Tras casi tres años de ese suceso, aún no reciben apoyo de las autoridades locales. Es importante mencionar que los primeros dispositivos encargados del bloqueo de señales wifi y de teléfonos móviles en los centros penitenciarios se instalaron en 2014.

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“Este problema data de hace bastante tiempo. En realidad es porque el INPE hizo algunos esfuerzos en colocar bloqueadores, pero el distrito creció y cuando se diseñaron los penales, no había ninguna vivienda alrededor”, sostiene Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho.

El burgomaestre asegura que su gestión no tiene la competencia para solucionar la problemática de conectividad en estas zonas. Por el contrario, indica que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Gobierno central son los encargados. “Nosotros solo tenemos la competencia que determina nuestro accionar. Parte de nuestro accionar no está en ver el tema del internet. Sí hacemos trabajos de coordinación con el INPE para eliminar las antenas clandestinas, pero es el INPE el que, dentro de sus funciones, coloca estos bloqueadores de celulares”, manifiesta el alcalde del distrito más poblado del Perú.

Exigen el traslado de los penales

Frente a esta situación, vecinos consultados por La República exigen que los penales Lurigancho y Castro Castro sean trasladados a zonas libres de asentamientos urbanos. “Me gustaría (que el penal de Lurigancho sea reubicado) porque eso ocasiona el bloqueo de los teléfonos; no se pueden hacer las actividades como debería ser por el retraso que ocasiona”, expresa Yadira Paredes.

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El alcalde Maldonado también se muestra a favor de la solicitud de los vecinos. En conversación con La República, la autoridad edil considera que las cárceles no deberían funcionar cerca de zonas pobladas. No obstante, considera que esto es solo un deseo.

“Los dos penales ya no deberían estar en San Juan de Lurigancho, pero inmediatamente la pregunta es: ¿a dónde los van a trasladar? He conversado con el presidente del INPE en distintas oportunidades y él también está de acuerdo con el traslado, pero todavía no pueden lograr la construcción de los seis que estaban en proyecto. Solicitar ahora el traslado es hacer el eco de un deseo. A dónde los van a trasladar, es una respuesta que todavía no soluciona el Estado”, concluye el burgomaestre.

La República se contactó con Javier Llaque, director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero no obtuvo respuesta.

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Realidades

Hacinado. Hasta febrero del 2023, Lurigancho contaba con 9.053 internos, cuando su capacidad es de 3.204. Este exceso, de 5.849 personas, representa una sobrepoblación de 183%.

Operador. Prisontec S.A.C. opera los bloqueadores de señal en los penales de SJL desde 2014. El contrato, suscrito con la cartera de Justicia, es de 25 años.