Piden revaluar proyecto que limita protección a líderes nativos
Alerta. Norma del Congreso no aborda tema de manera integral. Minjus hizo propuestas, pero no se tomaron en cuenta.
La República en GoogleLa aprobación en el Congreso de un dictamen que establece un marco normativo para la protección de las personas defensoras de derechos ambientales (Comisión de Justicia y Derechos Humanos) podría significar una clara limitación del abordaje de la vulneración de derechos y solo se enfocaría en lo ambiental. Así lo mencionó Ángel Gonzales, vocero del Ministerio de Justicia (Minjus).
De acuerdo con los proyectos de ley 2069/2021-PE y 4686/2022-CR, se tendría un marco legal solo para los defensores ambientales, pero se excluiría a los otros derechos humanos. Además, solo un órgano estaría a cargo de la protección: el Ministerio del Ambiente.
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“Ya se cuenta con un mecanismo que trabaja intersectorialmente con ocho ministerios y Devida. La idea es fortalecer la institucionalidad y se trabaje en conjunto de manera prioritaria (…) Tenemos que evitar la duplicidad de esfuerzos en el Estado”, dijo a La República.
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El funcionario recordó que enviaron dos informes para enriquecer la propuesta de la congresista María Taipe Coronado; sin embargo, las observaciones y recomendaciones no fueron tomadas en cuenta.
En esa línea, pidieron que se revalúe en conjunto y se incluya la opinión emitida desde el Minjus. “Nosotros saludamos que se haya planteado un marco normativo, pero se debe trabajar sobre lo existente y que debe mejorar”, agregó.
De la misma manera, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, explicó que el proyecto ha tenido serias observaciones desde su creación, por lo que se debería optar por “construir sobre lo existente y fortalecerlo”.
“Hay una serie de propuestas que se han visto a lo largo de los años para proteger a los líderes y lideresas, esto se debe a que aún no se tiene una ley o un tratado internacional ratificado como el Acuerdo de Escazú”, acotó a este medio.
Agregó que si la propuesta de la parlamentaria Taipe Coronado se aprueba en Pleno, podría significar una “distorsión” en la práctica que terminaría por debilitar lo ya construido.
“Si se pone en acción el dictamen y aparte se cuenta con el mecanismo, terminaría afectando a los pueblos indígenas que no van a saber a dónde ir al ser muy difuso, un doble presupuesto y una nula mejora en beneficio de las comunidades”, enfatizó Baldovino.
Falta mejorar mecanismo
Si bien el Ejecutivo cuenta con un mecanismo intersectorial para defensores ambientales, aún presenta ciertas falencias ante la falta de presupuesto y de logística.
“Se requiere una capacidad de respuesta, tener los recursos humanos como más policías, la maquinaria para transportar a los efectivos y la presencia de servicios públicos, pero más que eso ver también el problema de fondo que ataca estas comunidades”, precisó Gonzales.
A su vez, Luisa Rios, experta de la SPDA, hizo hincapié en que aún está la tarea pendiente del Estado de llegar a cada punto de difícil acceso en las comunidades.
En los últimos 10 años, han sido asesinados 32 líderes nativos por defender su territorio.
La clave
Preocupación. El dictamen deberá pasar por la Comisión de Pueblos Indígenas presidido por la parlamentaria Ruth Luque. SPDA teme que se apruebe la próxima semana sin incluir la opinión de los pueblos ni una mesa técnica con todos los actores.
