Ley de terrorismo urbano es tildada de repetitiva y hasta peligrosa
Críticas. Expertos señalan que delitos de sicariato y extorsión ya tienen penas duras. También advierten que iniciativa podría vulnerar derechos de ciudadanos.
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Este viernes, en una sesión extraordinaria, el Concejo Metropolitano de Lima espera aprobar la presentación de un proyecto de ley que tipifica como “terrorismo urbano” los delitos de robo, secuestro, extorsión y sicariato en sus formas agravadas, el cual fue propuesto por el teniente alcalde Renzo Reggiardo con el respaldo del burgomaestre Rafael López Aliaga.
Esta es una iniciativa similar a la que planteó, en julio pasado, el congresista Juan Burgos, y a la que acaba de anunciar el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, luego del reciente atentado en San Juan de Lurigancho. Ambas propuestas buscan incorporar el delito de “terrorismo urbano” al Código Penal.
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“Hay que equiparar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas porque están sembrando terror, zozobra, caos, y perturbando gravemente la tranquilidad de la población. Planteamos que sus sanciones sean contundentes con penas privativas no menores de 20 años; y, si hay agravantes de raqueteo, extorsión, reglaje, secuestro y sicariato, penas no menores de 25 años; y, si hay reincidencia, cadena perpetua”, afirma Felipe Castillo.
Pero ¿será efectiva? El abogado Wilfredo Pedraza, quien también ha sido ministro del Interior, responde que no encuentra justificación técnica para la propuesta, teniendo en cuenta que, en términos de sanción penal, ya los delitos de sicariato, extorsión y secuestro tienen penas similares o hasta más graves que las del terrorismo.
“Quizá son de buena fe, pero lamentablemente estas iniciativas, como las declaratorias de emergencia o los pedidos de militares en las calles, solo tienden a confundir o evitar que se trate el tema de seguridad ciudadana con mayor rigurosidad”, dice.
Pedraza precisa que esta propuesta no es nueva. “Ya en la época de Fujimori se aprobaron normas vinculadas al “terrorismo agravado” y en base a esta calificación se derivó al fuero militar el juzgamiento de delitos comunes, quebrando el orden constitucional. Por eso, esas normas se tuvieron que derogar a los seis meses y todas las condenas impuestas se tuvieron que anular”, recordó.
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Derechos en riesgo
El integrante del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), Aldo Pecho, considera que, al ser el término “terrorismo” tan laxo o flexible en general, puede dar pie a posibles vulneraciones de derechos humanos, sobre todo de poblaciones vulnerables.
“Es un peligro porque cualquier tipo de manifestación contra medidas políticas podría ser cuestionada como terrorismo […]. Solo los regímenes autoritarios usan el discurso del miedo para crear un control policial que va más allá”, dice.
Tanto él como Pedraza recomendaron al Ejecutivo reforzar la logística de la PNP, priorizar la inteligencia policial y preparar y ampliar el personal en la calle.
Reacciones
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior
“Ya en la época de Fujimori hubo leyes vinculadas al ‘terrorismo agravado’ y así se derivó al fuero militar el juzgamiento de delitos comunes, quebrando el orden constitucional”.
Aldo Pecho, especialista de IDL
“Es un peligro porque cualquier manifestación podría ser cuestionada como terrorismo. Y es que el término es tan flexible que da pie a posibles vulneraciones de derechos humanos”.
