Denunciarán a gerente de Asesoría Jurídica de MPT por “blindar” a alcalde de Trujillo
No tenía facultad para emitir opinión contra pedido de suspensión.
La República en GoogleEl regidor Jorge Vásquez Tirado afirmó que denunciará al gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Luis Gutiérrez Gonzales, por haber desestimado el pedido de suspensión del burgomaestre Arturo Fernández Bazán que el concejal ingresó por mesa de partes de la comuna.
Solicitud presentada
Dicha solicitud la presentó Vásquez por ofensa grave del titular de la MPT contra la esposa del regidor durante una sesión de concejo el 22 de febrero último.
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“La Gerencia de Asesoría Jurídica ha sacado su informe en el que dice que no debería darse la suspensión de César Fernández, pero a favor de nosotros está la Ley de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la cual dice que ninguna oficina de Asesoría Jurídica, en este caso, de la MPT tiene la facultad de opinar sobre este tema porque es un asunto netamente del pleno a través de acuerdos de concejo”, explicó Vásquez.
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Recalcó que la ley lo prohíbe y también lo sanciona como patrocinio ilegal. “Nosotros vamos a proceder a denunciar al gerente de Asesoría Jurídica de la comuna por dicha figura penal. La suspensión está en camino porque hemos desechado la opinión legal de la referida gerencia, pues no tiene facultad para opinar al respecto; el funcionario puede recibir una pena de 2 a 4 años de cárcel", dijo.
Alcalde cuestionado
El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, registra varias denuncias por violencia contra la mujer, lo que conllevó que el Poder Judicial ordene que se someta a una pericia psicológica en el marco de la investigación que se inició por agredir a una jueza a través de las redes sociales y ante los medios de comunicación.
Familia del alcalde acusada de formar parte de una organización criminal
La Fiscalía de Áncash solicita 15 años de prisión para su hermano, Valentín Fernández, exalcalde de Nuevo Chimbote. Sus padres y hermanas afrontan un proceso de ocho años. La Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Santa acusa a la familia y le pide una reparación civil, además de una pena de cárcel efectiva.
